El apretado calendario legal al que se enfrenta el expresidente de Estados Unidos Donald Trump  podría verse interrumpido. O, al menos, esa es la esperanza que tiene el magnate neoyorquino, quien busca salvarse del juicio que tiene pendiente en Washington acerca de su responsabilidad en el asalto al Capitolio alegando que tiene inmunidad penal absoluta por haber sido presidente del país.

La decisión, sin embargo, la tiene el Tribunal Supremo de EEUU, que ayer celebró una audiencia inédita para escuchar los argumentos a favor y en contra de su intento por evitar ser procesado.

En una sesión histórica de más de dos horas, los nueve magistrados interrogaron al abogado de Trump, John Sauer, y al fiscal Michael Dreeben sobre la eventual inviolabilidad del republicano, si bien la mayoría de jueces se mostraron escépticos al considerar que solo las actuaciones propias de las funciones de un mandatario están blindadas por la inmunidad y no aquellas que tienen carácter personal, como sería su presunto intento de revertir los resultados electorales de 2020 y haber instigado el asalto al Capitolio de 2021.

Preguntado por la jueza conservadora Amy Coney Barrett, su defensa admitió que algunas de las acciones que el antiguo inquilino de la Casa Blanca realizó entonces tuvieron carácter «privado» y probablemente no estén protegidas.

Aunque no consta en la Constitución, los líderes de Estados Unidos en activo han gozado históricamente de protección frente a procesos relacionados con sus funciones, para así evitar una violación a la separación entre el poder ejecutivo y el judicial.

Los abogados de Trump alegan que cuando se termina su mandato también deben gozar de ese poder porque, de lo contrario, los dirigentes no serían independientes en su toma de decisiones por miedo a ser juzgados al dejar el cargo.

La defensa invoca la figura del expresidente Richard Nixon, quien fue demandado por un empleado de la Fuerza Aérea que había sido despedido de forma improcedente por el jefe del Estado. Sobre ese caso, el Supremo falló en 1982 -cuando Nixon ya no estaba en la Casa Blanca- que los antiguos mandatarios no pueden ser procesados por la vía civil por actuaciones que llevaron a cabo mientras estaban al frente del Gobierno.

Así, Trump alega que si son inmunes ante causas civiles también deben serlo ante las penales porque estas suponen una intrusión mucho mayor a su independencia.

Durante la audiencia, hubo jueces que se inclinaron por no resolver totalmente el asunto y devolverlo a tribunales inferiores, aunque habrá que esperar a que el Alto Tribunal emita su fallo, un dictamen para el que aún no hay fecha, pero que podría llegar en junio, antes del receso de verano.

Más tiempo

La decisión que acaben tomando los magistrados no solo afectará al juicio pendiente en Washington, sino también al proceso que tiene Trump en Florida por haberse llevado documentos clasificados y al que tiene en Georgia por haber intentado revertir las elecciones en ese estado.

Marcará además el rumbo de la campaña de las comicios del próximo 5 de noviembre, en la que, si todo sigue igual, se batirá de nuevo con el actual presidente, el demócrata Joe Biden. La estrategia del republicano ha sido precisamente dilatar todos los procesos hasta después de la cita con las urnas, dado que si vuelve a ocupar el Despacho Oval, podría ordenar dar carpetazo a los cargos federales en su contra.

Mientras, Trump está inmerso al juicio en Nueva York por la falsificación de registros contables para comprar el silencio de una actriz porno en la campaña de 2016.