A escasos ocho meses de que se cumplan 85 años del inicio de la Guerra Civil Española, más de 170 personas que fallecieron durante el conflicto nacional y en los años posteriores permanecen enterradas en alguna de las 32 fosas que hay localizadas en la provincia. Esa es la cifra que maneja la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cuenca (ARMH) que, a día de hoy, trabaja para seguir localizando a militares, soldados o civiles que fueron abatidos por fusilamiento, fallecieron por heridas del combate en uno de los múltiples hospitales de campaña que había diseminados por la provincia, sufrieron la represión una vez acabada la guerra, o fueron ajusticiados y posteriormente enterrados y arrojados en una fosa común.

De entrada, cabe recordar que la Ley de la Memoria Histórica de 2007 promueve que el Estado «ayude a localizar e identificar a las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se encuentran aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes». 

En la actualidad, se han exhumado cerca del medio millar de fallecidos, 50 de ellos trasladados hasta el Valle de los Caídos, para formar parte de los 34.000 cuerpos que integran el extraordinario y fúnebre osario de la cripta de la basílica. El resto, hombres, mujeres, e incluso niños con nombres y apellidos e historias particulares, permanecen enterrados a la espera de que sus familiares puedan darles una digna sepultura. Por desgracia, otros no tendrán esa suerte y caerán en el olvido.

Más de 170 muertos continúan en 32 fosas de la Guerra CivilCuenta Máximo Molina, presidente de la ARMH en Cuenca, que en muchas de las fosas que permanecen aún por desenterrar hay cuerpos de maquis que murieron en emboscadas una vez finalizada la batalla. Otros soldados que provenían de Sierra Morena y huían hacía Francia son sorprendidos por tierras conquenses y posteriormente se les ejecuta. Son los casos de Los Hinojosos, La Pesquera o Villarta.

No obstante, el origen de las fosas no solo está relacionado con los guerrilleros. Existen otros enterramientos de gran importancia que deben su existencia a la presencia de hospitales de campaña, donde se atendía a los soldados que habían sido heridos en la contienda, y que finalmente engordaron el número de fallecidos en los cementerios de las localidades más cercanas. A la cifra de 170 personas que aún restan por exhumar, habría que añadir los cuerpos que se encuentran en las fosas comunes de las localidades cabeza de partido judicial.

Y es que en 1939, en los municipios más importantes, se producen numerosas detenciones de las que no hay anotaciones. «Aunque tengamos los apuntes del registro civil y causas de la muerte, es muy difícil determinarlo», dice Molina, que explica que en San Clemente, Priego, Cañete, Motilla o Belmonte «hay muertos en las cárceles y no sabemos si están en los cementerios civiles. Hay veces que los apuntes de los registros son engañosos y habría que seguir investigando». A ellos se suman los fallecidos en hospitales provinciales como el de Pozorrubio, Valdeganga o El Cañizar, cuyos fallecidos se conoce que fueron enterrados en Pajaroncillo.

Más de 170 muertos continúan en 32 fosas de la Guerra CivilEn la capital, «no queda nada. Muchos se derivan al Valle de los Caídos y otros son recuperados por sus familiares. Se hicieron dos grandes sacadas de gentes en el cementerio civil y en el cementerio católico. Allí se mantuvieron los cuerpos de unas monjitas que mataron en la guerra». En Tarancón, «desaparecen los muertos, tanto de la guerra como de la posguerra, pero se mantienen dos placas que había en la tapia cuando se hace la ampliación. Las tumbas están totalmente perdidas». 

Otro caso significativo se da en la fosa de Huete, donde «quedan cinco ciudadanos. Tres fusilados de Caracenilla y otros dos de la localidad optense. Nadie los ha sacado y ahí siguen, abandonados».

Además, en los cementerios de estas dos últimas localidades están enterrados los cuerpos de 11 brigadistas internacionales que cayeron en la batalla del Jarama, tres de ellos en Huete, franceses; y el resto en Tarancón, que procedían de Francia, Austria, Escocia, Bélgica y Alemania.

Poca colaboración. A la hora de acometer proyectos de exhumación, a los problemas que supone la carencia de dotaciones presupuestarias, se unen las trabas para consultar archivos municipales. «Hay localidades con una clara obstrucción y otras que nos han tratado con normalidad institucional. Al final consultamos archivos, pero dependemos de los prejuicios del archivero o archivera», comenta el presidente de la ARMH en Cuenca, que añade que el mayor inconveniente reside en el poco o nulo apoyo de las instituciones. Bien es cierto que el Gobierno regional, recientemente, ha dotado de presupuesto y personal al proyecto de rehabilitación del Hospitalillo de Tarancón, pero las ayudas dedicadas a la memoria histórica en Castilla-La Mancha «no han tenido en cuenta a la provincia».

En ese sentido, recuerda Molina la creación de un portal con los Mapas de la Memoria en la región, que elaboró la Universidad de Castilla-La Mancha con la documentación de las asociaciones, y que se ha desarrollado fundamentalmente en la provincia de Ciudad Real. En Cuenca, «no se nos han dado más que buenas palabras pero ningún hecho», manifiesta, y añade que, sin embargo, localidades como Tarancón «son un ejemplo de política de memoria».

Por último, el profesor e investigador subraya la necesidad de exhumar los restos mortales de los fallecidos durante la contienda y en años posteriores, puesto que «esto no es una cuestión de culpas, sino de deudas éticas. No hay ciudadanos ni muertos de primera o segunda categoría. En una sociedad normal, los muertos deben estar bien enterrados en los cementerios».

La Tahona de Uclés. La ARMH y La Gavilla Verde –asociación de Santa Cruz de Moya fundada en 2006– han exhumado los restos mortales de un total de ocho fosas. La mayor de ellas es la conocida como La Tahona, que pertenece a Uclés. Es allí, junto al Monasterio reconvertido en hospital de sangre por el ejército republicano y en posterior cárcel o campo de concentración por el bando nacional, donde se acondicionó un improvisado cementerio de fosas colectivas. De 2004 a 2007, en campañas de verano, se logró desenterrar a 429 personas –149 procedentes del hospital y 280 de la cárcel–, pero aún restan por exhumar los cuerpos de 30 ciudadanos que se encuentran en el cementerio de Santa Catalina y que «duermen el sueño de los justos».

«La identificación de ADN no se ha hecho porque nos quedamos sin fondos», relata el presidente de la ARMH en Cuenca, que explica que «se entregaron restos de los identificados a sus familiares en 2012 y hasta hoy no hay más recursos. Muchos de estos familiares son gente mayor que ya ha muerto y eso es muy triste». Los otros restos no reclamados permanecen en un panteón.

En el cementerio civil de Santa Catalina se han exhumado seis personas pero «está abandonado en su mayor parte, no se ven ya las lápidas, está asentado en uno de los bastiones de la muralla árabe y la parte más antigua es impracticable».