Siempre me ha sorprendido que la problemática relacionada con el trasvase Tajo-Segura no haya despertado mucho interés colectivo en la provincia de Cuenca, salvo la permanente acción reivindicativa que mantienen, desde hace lustros, los pueblos ribereños de los embalses de Buendía y Entrepeñas, pero parece que al resto el asunto parece importarles poco y eso queda de relieve en la ausencia casi total de comunicados, protestas, manifestaciones y demás demostraciones públicas de interés, incluyendo las muy escasas referencias, por no decir ninguna, que aparecen cuando se pone en marcha la activa maquinaria electoral que nos entretiene de vez en cuando. Parece como si el trasvase sea por aquí nada más que un elemento decorativo, que se ha incorporado tranquilamente al paisaje, cruzándolo de norte a su para favorecer con su presencia la obtención de bonitas fotografías.

No se si los últimos acontecimientos, que se pueden seguir casi día a día a través de las informaciones periodísticas, van a servir para alterar un poco la apatía crónica que por aquí se respira. Todo deviene, por resumir la situación, es que después de mucho insistir y pelear, el gobierno ha aceptado repensar y reconducir las reglas de explotación que llevan vigentes ya casi cincuenta años, con el fin de acomodarlas a la situación real del presente, en que también se han modificado sustancialmente los criterios sobre el clima, la naturaleza, la explotación agraria y todo lo que se relaciona con estos asuntos. Propósito, por ahora apenas enunciado pero como suele suceder ha provocado la siempre airada reacción de las comunidades del sureste español para quienes la situación es perfecta y no necesita ningún cambio, puesto que mientras en el Tajo haya una sola gota de agua, debe ser trasvasada sin límite ni control alguno. Planteamiento tan primario con firme, en el que no caben correcciones.

El trasvase incluye una falacia en su propia denominación, la que figura en la ley que lo aprobó: Aprovechamiento conjunto de los recursos hidráulicos del centro y sureste de España. Creo que no hay que ser muy listo ni introducir sesudas explicaciones para entender con toda precisión qué significa eso de «aprovechamiento conjunto», el que llevan a cabo varias personas, grupos sociales o entidades para ponerse de acuerdo en la explotación de unos bienes y la obtención de beneficios que se aportan y se reparten por todos a partes iguales. Pero en el caso que nos ocupa unos ponen el gasto y otros obtienen las ganancias, de manera que lo de «aprovechamiento conjunto» no es más que una entelequia nunca aplicada y que además, como natural consecuencia, ha producido un altísimo nivel de desigualdad entre los dos sectores geográficos y económicos, sin que hasta ahora, y va ya medio siglo de vigencia del sistema, nadie haya sido capaz de introducir algún mecanismo corrector de semejante injusticia. Soy consciente de que estas palabras pueden tener un cierto sesgo demagógico pero la realidad es la que tenemos a la vista cada día: unas comarcas cada vez más florecientes, con una agricultura potentísima, urbanizaciones costeras a todo plan, campos de golf siempre verdes y bien regatos, una población en constante aumento. En el otro lado, campos sedientes, una agricultura misérrima, un proyecto de expansión turística arruinado en sus propios inicios y pueblos sometidos a un galopante proceso de despoblación. A eso conduce el aprovechamiento conjunto.

Naturalmente, la culpa no es el del trasvase, sino de los poderes públicos y económicos que deberían haber puesto en marcha, desde el minuto uno, los mecanismos adecuados para que esa riqueza vinculada al agua se aplicara con igual generosidad a unos y a otros. Eso no ha ocurrido y en cambio hemos llegado a donde estamos, con el añadido de que quizá ahora sea posible que aquí surja un cierto interés colectivo y provincial, no solo el de los pueblos vinculados a la cabecera del sistema. El pasado día 24, la Comisión de Explotación volvió a autorizar un nuevo trasvase de 27 hectómetros cúbicos y lo hizo de la manera habitual, ya rutinaria, o sea, mediante la aplicación automática, al considerar que el sistema está en nivel 2. De inmediato, y como también es habitual, la Asociación de Municipios Ribereños puso el grito en el cielo, aunque en esta ocasión se incorpora un nuevo argumento, que se modifiquen cuanto antes las reglas de explotación para no dilapidar la actual situación hídrica positiva y que se pueda garantizar una lámina permanente de agua en el Tajo.

En estos momentos es posible que estemos ante un posible cambio de ciclo en la problemática del trasvase. Para empezar, el gobierno, después de más de un año de deshojar la margarita, ha abierto el plazo para presentar sugerencias al plan elaborado para cambiar las reglas de explotación. Esta última semana, el gobierno regional ya ha anunciado cuales van a ser sus alegaciones y el primer partido de la oposición, el PP, por boca de su presidente ha anunciado lo propio, pero con una interesante novedad: dice que es preciso blindar las necesidades hídricas de la región y trasvasar a levante sólo en caso de necesidad real. Y, en efecto, el día 25, el pleno de las Cortes regionales aprobó, con los votos de los dos partidos, un acuerdo conjunto sobre las normas futuras del trasvase. Eso quiere decir, o suponer al menos, que quizá por esta única vez y en este caso concreto, hay coincidencia entre los dos partidos.

En el horizonte, seguramente lejano, la solución más razonable es la que periódicamente sale a la luz: el trasvase debe terminar. Ha cubierto un ciclo muy amplio, casi medio siglo, pero ya está bien. Hay soluciones técnicas alternativas y es hora de dejar en paz al Tajo para que cubra con tranquilidad su ciclo vital, desde donde nace, en un maravilloso rincón natural entre las provincias de Teruel, Cuenca y Guadalajara hasta su no menos hermosa desembocadura, en Lisboa.