El Senado ha dado esta semana luz verde a una nueva Ley Feijóo que reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad. Los representantes por Cuenca en la Cámara Alta, Benjamín Prieto, María Jesús Bonilla y Alejo Miranda, han valorado "muy positivamente" esta iniciativa "la toma en consideración de la proposición de ley para la modificación de la Ley General Penitenciaria supone saldar una deuda histórica con el colectivo y protegerlos en el ejercicio del importante trabajo que desarrollan", han afirmado.

Precisamente la portavoz del Grupo Popular en la Cámara Alta, Alicia García, se reunía con representantes de los principales sindicatos de prisiones de nuestro país, quienes pudieron seguir el debate de la iniciativa en el hemiciclo del Senado, "es lamentable que el ministro del Interior, Grande-Marlaska, no haya hecho nada en seis años para mejorar sus condiciones laborales máxime cuando han aumentado las agresiones que sufren en las cárceles españolas", ha explicado María Jesús Bonilla.

La senadora ha apuntado que los funcionarios de prisiones son víctimas de una agresión cada 16 horas, "trabajan en unas condiciones muy difíciles. Solo hay que recordar el asesinato de una trabajadora en la prisión de Tarragona el pasado mes de marzo", ha añadido. Para María Jesús Bonilla, "es hora de acabar con la marginación y la discriminación a la que llevan sometidos los funcionarios de prisiones desde hace años. Son ellos mismos quienes nos recuerdan que se sienten humillados por un ministro del Interior que no reconoce su labor al tiempo que sus condiciones laborales han emperodado".

La senadora conquense ha lamentado que Marlaska no haya hecho nada en sus años al frente de Interior para atender las demandas de este colectivo, "ha estado más preocupado en utilizar la política penitenciaria de nuestro país como moneda de cambio para realizar pagos a Bildu y a los independentistas catalanes. Presos de ETA a cambio de Presupuestos y amnistías para seguir en su sillón de Moncloa".

Esta nueva Ley Feijóo propone reforzar a los funcionarios de prisiones, reconociéndoles la condición de autoridad pública,como ya tienen sus homólogos de otros países como Francia, implica una mayor protección ante las agresiones, la presunción de veracidad y la garantía de una indemnización asegurada por la administración, en caso de que haya una sentencia condenatoria y que el agresor sea insolvente. También se proponen medidas específicas de internamiento para los funcionarios de prisiones y que se refuercen los medios materiales de los que disponen, además de una formación específica.

"Disponer de un colectivo de funcionarios penitenciarios que cuente con prestigio social, con reconocimiento institucional a su labor y con respaldo legal a su autoridad es condición esencial para avanzar en un sistema penitenciario de calidad que dispense a la sociedad española un servicio público altamente eficaz", recoge la iniciativa del PP en la Cámara Alta. "Este Gobierno llega muy tarde ya para atender las demandas de los funcionarios de prisiones, por ello desde el Senado, Cámara que la que el Partido Popular cuenta con mayoría seguiremos aprobando iniciativas que redunden en la mejora de la sociedad y de todos los españoles", ha concluido María Jesús Bonilla.