Los pozos de agua ilegales representan una seria amenaza para la integridad de los ecosistemas acuáticos y la seguridad hídrica de las comunidades, especialmente de las zonas rurales. Estas operaciones clandestinas, que están por desgracia a la orden del día, se llevan a cabo sin los permisos necesarios, ignorando los límites de extracción sostenible y sin considerar los impactos en los ecosistemas acuíferos.
Este ejercicio fraudulento de explotación masiva e ilegal del agua «perjudica gravemente a los pequeños agricultores que tienen sus pozos legales desde hace muchos años», tal y como explica, el jefe de investigación del Seprona de Cuenca, Ángel Francisco Jiménez. El empresario agrícola mantiene y produce sus cosechas de una decena de hectáreas con sus sondeos en regla, pero cuando entra en juego un nuevo compañero fraudulento, en plena situación de sobreexplotación del acuífero, la situación es alarmante hasta tal punto de que pone en jaque el resto de explotaciones.
De ahí, tal y como explica Ángel Francisco Jiménez, que sean «los propios agricultores los que nos alertan de la construcción de pozos ilegales» a pocos metros de sus cosechas. Los infractores «suelen ser empresarios que no se dedican al sector agrario, pero que tienen un poder económico bastante elevado como para comprar parcelas y convertir el terreno de secano a regadío». El poder adquisitivo que atesoran es tan alto que sus pozos «son mucho más profundos para conseguir una cantidad mayor de agua», lo que genera perjuicios para los campesinos de toda la vida. Mucho más, cuando se extrae cantidades de agua superiores a las que el propio acuífero es capaz de reponer en el ciclo natural.
Los agentes del Seprona, en colaboración con los responsables de las confederaciones hidrográficas, llevan siempre a cabo una serie de actividades de inspección, control e investigación criminal en la lucha contra las captaciones y aprovechamientos ilegales de recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. Los «principales beneficiarios de nuestras acciones son los agricultores que tienen sus pozos de forma legal», destaca Jiménez.
Investigación. La investigación da siempre para mucho, partiendo con un análisis exhaustivo del catastro. El jefe de investigación del Seprona de Cuenca detalla que «hay que demostrar que no solo hay un pozo ilegal, sino que también se hace uso del mismo, que estén operativos». En las últimas operaciones, denominadas Acuin y Melin, ambas llevadas a cabo en el término municipal de Iniesta, los agentes descubrieron que las infraestructuras de riego estaban bajo tierra para anular su visibilidad e incluso «habían manipulado los contadores volumétricos instalados en los sondeos para camuflar las extracciones».
Los infractores «suelen colocar un imán para que la aguja del contador no avance» e incluso van hacia atrás porque trucan el mecanismo. El riego clandestino hace su curso y los agentes del Seprona tienen que llevar a cabo varias inspecciones para tomar nota de la presencia de tierra mojada en las inmediaciones o del funcionamiento de válvulas hidráulicas, entre otras evidencias. Los infractores, que se enfrentan a penas de prisión, multas y elevadas sanciones económicas, todas ellas recogidas en el artículo 325 sobre delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, construyen también casetas para camuflar el foco del sondeo. Eso obliga a que «tengamos que pedir una orden de registro por cada una de ellas».
Ángel Francisco Jiménez, que en estos momentos se encuentra en una investigación sobre un nuevo caso en la provincia, recuerda que la Confederación Hidrográfica del Júcar limita la construcción de nuevos pozos por la sobreexplotación que existe e incluso no concede permisos para ello. Ya que, sumado a esta acción delictiva, otro de los graves problemas es la sequía, que pone en jaque el estado de las balsas de aguas subterráneas. Al final de todo, los agricultores son los que se ven siempre perjudicados.