Que la democracia necesita un plan de regeneración no lo duda nadie, sobre todo porque se trata de segar la hierba bajo los pies a sus enemigos, que proliferan de forma exponencial, ponen en duda su capacidad para resolver los problemas de los ciudadanos, mientras los llamados a solucionarlos se embarcan en polémicas sin cuento por sus intereses partidistas. Es muy probable que muchas de las medidas aprobadas por el Consejo de ministros a desarrollar en los próximos tres años no fueran necesarias si se aplicarán las normas ya existentes y los propios gobernantes se las tomaran en serio.
El Gobierno quiere hacer tabula rasa e imponer ahora la transparencia en las actuaciones de todos los poderes. ¡Pero si ya existen mecanismos y organismos dedicado a la transparencia que dan escasas respuestas cuando otros partidos o los ciudadanos piden explicaciones! Que a estas alturas haya que implantar por ley los debates electorales es, en efecto, una anomalía democrática, del mismo modo que lo es que no se conozcan las tripas de los sondeos cuando tantas veces se dedican a conformar la opinión pública, más que a reflejarla.
Buena parte del plan del Gobierno es transposición de un reglamento de la Unión Europea, al que se han añadido asuntos particulares derivados de las últimas polémicas políticas y judiciales nacionales relacionadas con la corrupción, que cada cierto tiempo cambia de barrio y afecta ora al PP, ora al PSOE.
La transparencia sobre la propiedad de los medios de comunicación sin duda es necesaria, al igual que la clarificación de la inversión publicitaria. Los ciudadanos tienen derecho a saber a quién pertenece cada medio y si la financiación pública que reciben tiene retorno en función de su audiencia. El objetivo de esta medida sea evitar que con dinero público se financien "pseudomedios que promueven la intoxicación mediática y las fake news", que a juicio del presidente del Gobienro consiuyen la parte esencial de la "máquina del fango", y cualquier mecanismo para frenar la difusión de bulo interesa al conjunto de la profesión periodística siempre que quienes se encarguen de esa misión cuenten con una solvencia, idoneidad e independencia que no genere dudas. Ahora bien, el problema no son solo los bulos, que pueden desmentirse más o menos fácilmente, sino las insinuaciones sin base que aparecen en titulares de medios de comunicación "serios" que, por supuesto, están amparadas por el derecho a la libertad de expresión, pero que como han dicho los jueces sobre un caso reciente son meras "conjeturas", con las que se ha armado un proceso judicial.
Otra pata del plan de regeneración del Gobierno, que nace cinco meses después el insólito parón de Pedro Sánchez para reflexionar sobre su futuro tras las investigaciones a su esposa, es la relacionada con la reforma de la "ley mordaza" y la despenalización de actos que ahora caen bajo el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, el de injurias a la Corona o a altas instituciones del Estado, y que han sido utilizados de forma interesada y que suponen una limitación a la misma libertad de expresión a la que se apela en otros supuestos para publicar o especular con informaciones con presunción de veracidad.
Al plan de acción por la democracia, le queda mucho camino por recorrer, mucha letra pequeña por conocer y muchos debates que realizar. Pero hay una sola certeza, el PP está dispuesto a votar en Madrid de forma diferente a como lo ha hecho en Bruselas.