El avance de la pornografía entre los menores de edad preocupa a la sociedad y las familias, sobre todo por el aumento del visionado entre los más jóvenes. El último estudio del CIS destaca que el 89% de los castellano-manchegos ven como una necesidad restringir a los menores de edad el acceso al contenido pornográfico en Internet.
A pesar del elevado porcentaje de respuestas existen dudas sobre quiénes deben encargarse de las restricciones. El 47,4% de los encuestados considera que deben ser los padres y madres de los menores a través de controles en los dispositivos electrónicos. Un 38,4% entiende que deberían ser las instituciones públicas, Gobiernos y administraciones, los que hagan este cribado mediante leyes y amonestaciones.
No cala la idea de que sean los centros educativos y los profesores quienes se hagan cargo del control (sólo un 3,3% responde afirmativamente a esta cuestión), ni tampoco los propietarios de las páginas web restringiendo el acceso a los menores (7,8%).
Estafas en internet. Los delitos de carácter económico en la red han ganado peso en los últimos años, llegando a incrementarse el número de ciberdelitos un 12,38% en 2023. Fruto de este aumento, el 78,4% de los habitantes de Castilla-La Mancha se muestran «mucho» o «bastante» preocupados por este tipo de estafas a través de dispositivos electrónicos.
Ante la pregunta sobre si han sufrido un intento de ser engañados en los últimos doce meses a través de internet, el 49,8% de los castellano-manchegos respondieron que «sí» fueron víctimas de un intento de estafa. El resto de ciudadanos respondió que «no».
Sobre el método que emplearon los ciberdelincuentes para perpetrar el fraude los entrevistados citaron: un enlace en un SMS (24,4%), un correo electrónico fraudulento (21,1%), un mensaje falso por WhatsApp (18,5%), un falso operador que le llama por teléfono (16,6%) y un enlace a una página web (9,9%).
En este caso, los castellano-manchegos tienen más claro quiénes deben ser los responsables de frenar los delitos cometidos en internet. En general, responden que tendrían que encargarse las autoridades públicas (79%). Por un lado, los Gobiernos y administraciones (57,6%); por otro lado, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (21,4%).
De forma minoritaria, responden que tendrían que ser los proveedores de servicios de internet y las compañías de telefonía (7,7%), las entidades bancarias (6,3%) y los propios usuarios (4,2%).