Las bajas por incapacidad permanente se prolongaron más tiempo el año pasado en la provincia de Cuenca. Al menos hasta octubre de 2024, que son los últimos datos publicados por el Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el año pasado se iniciaron cada día 60 bajas temporales en la provincia, hasta sumar 21.904, con un coste de 32.600.458 de euros. 

El número de procesos registrados alcanzó en 2022 en la provincia la cifra de 33.671 y un año después bajó hasta las 23.523. Y el año pasado, la Seguridad Social contabiliza, por ahora, 21.904. En cuanto al número de procesos finalizados en 2024, se contabilizan 21.424.

El coste de las bajas laborales para las empresas conquenses es cada vez mayor y a la espera de conocer los datos definitivos de 2024 es previsible que siga la tendencia de los últimos años. Así, el coste total en 2023 fue de 39.299.926 euros y el ejercicio anterior ascendió a 38.188.488 euros. De los procesos por incapacidad temporal iniciados en 2024, 19.657 finalizaron dentro de los 12 meses que dura el año. Además, las bajas temporales de los trabajadores cada vez se prolongan más.Según los datos del año pasado, la duración media es de casi 66 días, una cifra superior a los 58 de 2023 y los 39 del ejercicio 2022.

La duración media de 66 días propicia que Cuenca esté ligeramente por encima de las diez provincias en las que los trabajadores más se ausentan de sus puestos de trabajo más tiempo. Esta lista la encabezan Lugo (95 días) y León (83 días). En Castilla-La Mancha, solo Ciudad Real está por encima en mayor duración, con 67 días. En Albacete, la duración media de los procesos finalizados en el periodo fue de 63 días. Donde menos duran las ausencias laborales en la región es en Toledo (43 días) y Guadalajara (27). 

«Preocupación». El absentismo laboral se ha convertido en «una preocupación creciente» para las empresas, especialmente para las pequeñas, que representan la mayoría en la provincia, tal y como pone de manifiesto CEOE-Cepyme Cuenca. «Estas bajas temporales, legalmente reconocidas, tienen un coste económico significativo que puede ser devastador para aquellas empresas con recursos limitados, ya que afectan a la productividad de la empresa y a la continuidad de los servicios, especialmente en sectores donde la mano de obra es esencial», explican desde CEOE. Además, la patronal conquense incide en que «el coste de estas bajas se acentúa especialmente en provincias y regiones como la nuestra, donde la negociación colectiva ha llevado a tener prácticamente el 100% de los convenios colectivos con la mejora de incapacidades temporales en sus acuerdos. Es decir, según explica CEOE, el empresario no solo asume el 100% del coste de la nómina los primeros 15 días, sino que además asume el 25% de la nómina el resto de la baja a partir del 16 día». A esto hay que añadir el coste de la seguridad social, la sustitución obligada en pequeñas empresas para mantener el servicio a los clientes, o perder servicio o cliente, agravando la situación. El coste indirecto de la formación del trabajador sustituido, reconocimientos médicos, prevención, etc...

Además, las mismas fuentes explican que la mejora de los convenios se ha convertido en un arma de doble filo para el empresario. Lo que en su momento se negoció con los representantes de los trabajadores en todos los convenios como una mejora de las condiciones de los trabajadores para avanzar en mejoras sociales y, previsiblemente, mejorar la calidad de vida de los trabajadores, «se ha convertido en justo lo contrario, puesto que la no merma del salario del trabajador estando de baja laboral ha contribuido no solo a aumentar el número de procesos, sino a duplicar prácticamente en días los actuales».

Cecam advierte de la situación «critica»

Cecam informó en una nota informativa del pasado día 8 de enero, que en 2024 se alcanzó «un punto crítico». El absentismo laboral superó los máximos históricos de la pandemia. Casi 1,2 millones de trabajadores no acudieron a trabajar cada día en el tercer trimestre de 2024. Aún más preocupante es comprobar que estas ausencias se registran en un contexto de aparente normalidad sanitaria. Sin duda, el cambio de normativa en la emisión de bajas, las listas de espera en el sistema sanitario público, ineficiencia burocrática en la gestión de los procesos y, no menos importante, el mal uso de estas prestaciones, no han hecho más que agravar la situación. Por eso reclama la colaboración de las instituciones afectadas, INSS -Gobierno nacional-, Gerencias de Atención integrada-CCAA-, Mutuas, Inspección médica e Inspección de trabajo y elevar propuestas efectivas y reales.