El Gobierno ha decidido convertir en permanentes los impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas. A pesar de los tres años y medio de recaudación fiscal histórica, el Plan Fiscal enviado hace unos días a Bruselas, destinado a reducir el déficit y la deuda, insiste en subir los impuestos a ciudadanos, empresas y autónomos.
Los primeros poco podemos hacer ante la voracidad de Hacienda, pero los segundos, de momento las energéticas, ya han avanzado que están dispuestos a paralizar los miles de millones que pensaban destinar a inversiones. La primera en mover ficha ha sido Repsol. La petrolera ha anunciado que va a destinar 15 millones de euros a un electrolizador de hidrógeno en Portugal, donde ya ha previsto invertir otros 650 millones, y la congelación de entre 3.000 y 4.000 millones de euros que pensaba invertir hasta 2027.
En el resto de empresas y asociaciones de empresarios y autónomos la preocupación es máxima. Incluso desde la patronal catalana Fomento del Trabajo se ha alertado del riesgo que corre el polo químico de Tarragona. La subida de impuestos y el alza de los costes laborales unitarios subirán por encima de los beneficios, lo que puede convertirse en reducción de inversiones y, por tanto, de empleo. Eso sin contar que estos mayores costes reducirán la competitividad de nuestras empresas frente a la mayoría de países europeos y del resto del mundo. Conviene saber que apenas cuatro economías de la Unión Europea y Reino Unido sí han anunciado que subirán los impuestos a las empresas y ninguno es Portugal o Alemania, uno de nuestros mayores socios.
Está claro que todo esto parece importarle poco al Gobierno. La voracidad fiscal para seguir gastando es su objetivo y por ello seguirá subiendo todo tipo de impuestos e incluso crear nuevos dependan o no de él como la tasa de basura. De hecho, como ya hemos contado en esta columna, el grueso del ajuste que demanda cumplir con las reglas fiscales europeas se deja para dentro de unos años, cuando todos los expertos e instituciones -veremos qué dice la UE- aconsejan un ajuste escalonado y una reducción significativa del gasto público que, por supuesto, seguirá creciendo.