El Colegio de Abogados de Cuenca mira con recelo la Ley Orgánica 1/25, que, además de transformar los juzgados unipersonales en tribunales de instancia, obligará a usar Métodos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) —mediación, conciliación, oferta vinculante confidencial, derecho colaborativo u opinión de persona experta independiente— en asuntos civiles y mercantiles antes de llegar a juicio.

Una norma que entrará en vigor a partir del 3 de abril y que genera cierta preocupación entre la abogacía conquense, que no las tiene todas consigo sobre si realmente logrará ese objetivo de agilizar la justicia.

De hecho, su decano, Ismael Cardo, asegura a La Tribuna que ese requisito obligatorio de negociación previo al juicio, que afectará a cerca de seis de cada diez casos en los juzgados conquenses, «va a conllevar cierto retraso en el procedimiento, y eso que ya en la actualidad los abogados siempre intentamos llegar a un acuerdo antes de ir a juicio». 

Y es que, tal y como detalla, «hasta ahora, si vas a plantear una demanda, lo primero que haces es mandar un burofax a la parte contraria ofreciendo un acuerdo para no llegar al juzgado y con esto basta, sin embargo, ahora habrá que especificar la propuesta de acuerdo y acreditar que la ha recibido la otra parte».

Procedimiento de negociación previa que, según precisa, «puede llegar a prolongarse como máximo hasta tres meses. 

A esto se suma, en palabras de Cardo, el asunto de las costas procesales, puesto que «puede ocurrir que el juez entienda que no has intentado mediar con buena fe y lo considere un abuso de derecho, por lo que te puede imponer las costas, aunque hayas ganado».

En esta línea, el decano conquense apunta la problemática que plantea la nueva norma con el turno de oficio y se pregunta quién va a asumir el coste de iniciar un procedimiento de estos, porque «no va a ser gratis».

De ahí, que ponga el acento sobre la iniciativa de algunos colegios de abogados que están optando por organizar turnos de mediación y turnos de derecho colaborativo, con el hándicap de que solo pueden formar parte de ellos letrados con formación específica sobre estos procedimientos y, como recalca Cardo, que deberán de cobrar».

En consecuencia, es de la opinión de que «lo que hay que hacer es meter más dinero y más personal».