El Gobierno de Castilla-La Mancha ha propuesto este miércoles al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) la modificación de la Ley de Vías Pecuarias, con el objetivo de reforzar su defensa en situaciones de colindancia con otro tipo de bienes inmuebles y garantizar el trazado en la planificación urbanística o territorial.
Así lo ha indicado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, quien ha precisado que el planteamiento pasa por modificar los artículos 8, 17 y 19 de la normativa aprobada a principios de este año para avanzar en la gestión de estos terrenos de dominio público propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Gómez ha indicado que la finalidad es seguir protegiendo y adecuando las vías pecuarias para que los ciudadanos puedan compatibilizar su uso ganadero con el medioambiental, el cultural y el recreativo, ha informado en una nota de prensa la Consejería de Desarrollo Sostenible.
La titular del departamento ha recordado que estas vías constituyen una red de más de 14.000 kilómetros de longitud y 57.000 hectáreas de superficie en la región y que las cañadas reales son las vías de mayor entidad.
Gestión de residuos y zonas ZEPA. Por otro lado, la consejera se ha referido al Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2023-2030, que en la actualidad se encuentra en tramitación y cuya aprobación se prevé en próximas fechas.
Sobre este plan ha apuntado que el borrador se sometió a los trámites de información y participación públicas, en los que se han recibido un total de 161 alegaciones procedentes de entidades públicas y privadas, las cuales se valoran en este momento.
También ha hablado sobre el borrador del Plan de Gestión de Zonas Especiales de Protección para las Aves (ZEPA) de ambientes esteparios, que se encuentra en información pública y ha apuntado que mantiene medidas agroambientales que el Gobierno regional entiende que han funcionado.
Entre ellas ha citado los pagos compensatorios, las zonificaciones para contribuir a la ordenación de cultivos, el impulso a la conectividad agrícola mediante infraestructuras verdes o el fomento de la planificación ambiental en función del análisis climático del territorio.
La consjdera ha abogado por "promover externalidades que ayuden a mejorar la rentabilidad del agricultor como las marcas de calidad basadas en un origen respetuoso ambientalmente u otros servicios ecosistémicos", así como por ver qué posibilidades habría de incentivar fiscalmente los terrenos que se encuentren dentro de la Red Natura 2000.