Objetivo: plantar cara a la burocracia administrativa

José Luis Muñoz
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Objetivo: plantar cara a la burocracia administrativa - Foto: José del Olmo/Efe

Toda huelga, toda protesta, del tipo que sea, tiene como objetivo llamar la atención de alguien, generalmente de quienes ocupan el poder. Hay acciones sencillamente testimoniales, sentadas, pancartas, comunicados, cosas por ese estilo, que tienen una efectividad muy limitada. Lo que sí es verdaderamente práctico es fastidiar al mayor número posible de ciudadanos ajenos al problema de que se trata. Una huelga en aeropuertos o trenes es verdaderamente un éxito cuantos más pasajeros, miles o millones, se quedan sin viajar y permanecen amontonados en las estaciones. Por lo general, y salvo contadas excepciones, todo el mundo comprende a los huelguistas y siente algún tipo de simpatía hacia ellos. Al fin y al cabo, nos decimos todos, hoy por ti, mañana por mi y si protestan y se irritan, seguro que algún motivo razonable tendrán.

Lo de estos días con los agricultores resulta muy llamativo, porque de una forma que parece bastante organizada están saliendo a las carreteras y las calles de una manera aparentemente pacífica (al menos, no se de ningún incidente serio), fastidiando a los demás, es cierto, pero recibiendo a cambio algo parecido a la comprensión si no es incluso simpatía. Desde siempre me ha parecido un bonito espectáculo ver a los tractores ocupando las ciudades, dando lugar a una imagen que en su distorsión natural encierra cierta belleza y de paso sirve para que los urbanitas abramos los ojos y contemplemos por un momento la realidad de los campesinos, esas personas que tenemos tan cerca y de quienes seguramente sabemos muy poco.

Las quejas del campo vienen de muy atrás, desde siempre, porque en mi ya larga vida en el mundo del periodismo, acciones reivindicativas han sucedido de manera continua, por diferentes motivos, aunque es cierto que al cabo de un tiempo se aportan soluciones momentáneas, o sea, parches y las cosas vuelven a su cauce. Por regla general, esas acciones respondían casi siempre a cuestiones económicas, con ese tema recurrente que es la brutal diferencia existente entre el precio del producto cuando está en el campo y el que encontramos en el supermercado, con unos márgenes de incremento a que cualquier persona con sentido común (y sin saber nada o poco de economía) tiene que parecen un abuso disparatado, que ningún gobierno ha sido nunca capaz de ordenar y menos aún de controlar, quedándose todo en la etérea promesa de que hay que estudiar los disparatados canales de distribución.

En este caso, y por lo que deduzco de las opiniones que llegan a los medios informativos, hay en el fondo de la problemática que explica las actuales movilizaciones un motivo nuevo muy interesante, que debería hacernos pensar a todos los ciudadanos, agricultores o no. Los tiene irritados la presión burocrática que se ejerce a través de la normativa europea, con la variante propia introducida en España, mediante unos complejos instrumentos administrativos que parecen diseñados por una mente perversa que se ha planteado ahogar cualquier impulso creativo. Con el agravante, que también hemos conocido estos días, de que esos rigores internos de ámbito continental no son aplicables a los demás países que no pertenecen a la Unión Europea, introduciéndose así un agravio comparativo cuyas consecuencias son verdaderamente nefastas. Los apóstoles del libre mercado, que tienen siempre en la boca bonitos discursos encantabobos deberían dejar paso a otras voces que aporten sentido común en defensa de lo propio y en favor del bienestar general.

Sufre el campo, la actividad agraria, una barahúnda de controles administrativos capaces de amargar la vida a los más optimistas. En ese territorio han entrado también, probablemente sin medir con prudencia las consecuencias, las organizaciones ecologistas intentando imponer unos criterios de pureza más cerca de la teoría utópica que de la práctica. Por supuesto que es necesario y conveniente que haya controles de calidad y de salubridad, por supuesto que hay que garantizar la salubridad alimentaria, pero aplicado todo con razones y sentido común, algo que no siempre se pone en vigencia cuando oímos algunos discursos catastrofistas encaminados a convertir el campo en un erial. Algo de eso debe pensar ya también Bruselas, puesto que la presidenta Von der Leyen se ha apresurado a anunciar la introducción de algunos elementos correctores. Como siempre han dicho los clásicos, la virtud está en el justo medio o, de otro modo, ni tanto ni tan calvo.

Probablemente, en este envite los agricultores van a conseguir algunas ventajas económicas, que las necesitan, pero también una corrección en la estúpida estructura administrativa que se ha impuesto desde hace años y que tiene múltiples ramificaciones. De hecho, el ejemplo debería servirnos a los demás ciudadanos no agricultores para seguir ese mismo camino y embarcarnos en una enorme protesta colectiva contra la disparatada burocracia que nos está agobiando por todas partes y a todos los niveles, desde unos Ayuntamientos cada vez más torpes e ineficaces hasta un Estado que se pierde a sí mismo en el propio laberinto en que se ha convertido la administración, incluyendo la regional, que llegó –conviene recordarlo– para facilitar la gestión pública y la vida de las personas y ahora actúa con la misma torpeza que todas las demás.

Mientras, nos esperan todavía por delante unos cuantos días de movilizaciones agrarias, tractores en las calles y las carreteras, pancartas reivindicativas, declaraciones de los que protestan y desconcierto de los que oyen y no tienen respuestas. Como no soy profeta ni pitonisa, no puedo adivinar cuál y cómo será el final de todo esto. Pero está claro que es una movida importante y, quizá, saludable.