Politizar lo público es justo y necesario. Incluye una asignación de culpas por la tragedia vivida en decenas de municipios valencianos. Lo venenoso corre por cuenta del sectarismo que desciende a la reyerta partidista. Y ahí estamos desde que hace quince días la furia de la naturaleza nos retrató a todos, gobernantes y gobernados.
Aquellos, los gobernantes, en negativo, por descoordinación e incapacidad de prevenir o minimizar los efectos de la avalancha del 29 de octubre, con la excepción en positivo de los alcaldes, en especial el de Utiel, que se ha convertido en testigo de cargo contra la dejadez de Carlos Mazón y el tacticismo de Pedro Sánchez.
Y estos, el pueblo soberano, en positivo, por la avalancha de voluntarios dispuestos a echar una mano donde fuera y como fuera a los damnificados que estos días han sabido lo que es el desamparo, la frustración y la ruina. Pero aquí también nos topamos con la excepción en negativo de las personas desalmadas que se han entregado al pillaje en comercios, supermercados, restaurantes, domicilios privados, etc.
Véase como no hay un solo culpable de lo ocurrido y cómo la asignación de responsabilidades no reconoce fronteras ideológicas o de partido porque la reacción tardía y la descoordinación de los primeros días es tan achacable al gobierno de la Comunidad Autónoma de Valencia como al Gobierno de la Nación, porque ambos son los máximos responsables de la protección civil en sus respectivos ámbitos territoriales y en el rango jerárquico de sus respectivos cargos.
Ya sabemos que a Mazón le ha venido grande el puesto. Ha demostrado incompetencia en el desempeño de este. Lo cual tampoco impide reconocer que está sufriendo algo parecido al linchamiento político por parte de quienes han decidido elegirlo chivo expiatorio del desastre sin reparar en que no es el único culpable.
Y si no se acierta a señalar culpables por encima de la sigla política que los ampara, el señalamiento será sectario, incompleto, cuando no oportunista. En el peor de los casos, mercenario. Y en cualquier caso, inútil, si lo ponemos en relación con el presunto objetivo común que teóricamente compartimos todos: ayudar a los damnificados y recuperar cuanto antes la normalidad en la zona devastada por el fango.
Como se ve, hay mucho que explicar a los representantes del pueblo soberano. Ahí llega también el desdén de los gobernantes a los gobernados. Lo digo por la ausencia de Sánchez y su ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la sesión de control al Gobierno de este miércoles en el Congreso de los Diputados. Han externalizado sus responsabilidades en el ministro de Administración Territorial. Será Ángel Víctor Torres quien responda por ellos. Me parece un portazo injustificable.