La proliferación de los pisos turísticos en los últimos años se ha convertido no solo en motivo de disputas vecinales por el comportamiento incívico de algunos de sus usuarios, sino que, también, se ha situado detrás del acuciante problema de acceso a la vivienda en alquiler, al reducir la oferta de este tipo de productos  inmobiliarios y tensionar en consecuencia el mercado con un incremento desmesurado de los precios.

Con este escenario, en el que los pisos turísticos se encuentran en el ojo del huracán, no es de extrañar que cualquier medida encaminada a su regulación y control se ve con muy buenos ojos. Tal es el caso de la última modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, publicada el pasado 2 de enero en el BOE, por la que las comunidades de vecinos podrán prohibir, a partir del próximo 3 de abril, la apertura en su edificio de un piso turístico si así lo deciden las 3/5 partes de los propietarios, y que, a su vez, representen las 3/5 partes del total de las cuotas de participación.

Una medida que la han acogido con los brazos abiertos, por ejemplo, los vecinos del Casco Antiguo de la capital conquense. De hecho, tal y como afirma a La Tribuna el presidente de esta Asociación de Vecinos, Jesús Reyes, «somos conscientes del problema de los pisos turísticos, por lo que cualquier medida que se adopte para solucionarlo es bienvenida».

- Foto: Elaboración propia

Y no es para menos, a tenor de la propagación de este tipo de alojamientos turísticos en esta zona de la ciudad, donde se concentran en torno a 300, con más de 1.600 plazas en total. No en vano, en opinión del representante vecinal, «se trata de un problema que nos da en plena línea de flotación, ataca nuestra existencia y es un problema grave».

Administradores de fincas. Idéntico recibimiento ha tenido dicha modificación en el Colegio de Administradores de Fincas de Cuenca y Albacete, aunque, en su caso, por motivos totalmente diferentes. Y es que, según explica a La Tribuna su presidente, Antonio Fuentes, «esta medida facilita la decisión de prohibir la actividad turística en un edificio, un problema que se viene arrastrando desde hace tiempo y que reclaman con asiduidad los propietarios por cuestiones de convivencia con los clientes de estos establecimientos por ruidos, basura o comportamiento inadecuado».

Es por ello que considera que se trata de «una medida necesaria», entre otros motivos, porque no solo viene a facilitar este tipo de situaciones, sino también a clarificarlas, porque «siempre estábamos que si se tomaba la decisión de prohibir esta actividad por unanimidad de los propietarios o no».

A partir del 3 de abril, cuando entre en vigor la norma, este tipo de actividades turísticas necesitarán de la aprobación expresa de las 3/5 partes de los propietarios del edificio, lo que, sin duda, cambia, y mucho, el actual panorama, y eso que desde mayo pasado, tras varias sentencias del Tribunal Supremo en este sentido, ya se podían prohibir con el respaldo de las 3/5 partes de los propietarios, pero la tramitación era bastante más correosa y, además, costosa.

No en vano, según detalla Fuentes, tras adoptar la citada decisión, hay que ir al Registro de la Propiedad para modificar los estatutos de la comunidad de propietarios con la inclusión del acuerdo contra los pisos turísticos; «y eso tiene un coste para los propietarios». Algo que, tal y como aclara, se mantendrá así durante estos tres meses hasta la entrada en vigor de la nueva ley, que, sin duda, «dará más seguridad jurídica tanto a las comunidades de propietarios como a los administradores de fincas».

Una medida, por lo tanto, esperada por muchos, aunque, como es de esperar, también con detractores.