La Fundación Nueva Cultura del Agua ha calificado de "necesario" acordar una hoja de ruta para una "desconexión progresiva" de la cuenca del Segura respecto del Tajo y ello como una "respuesta a la nueva realidad impuesta por el cambio climático", y por la necesidad de recuperar el buen estado de todos los ríos, incluido el Tajo.

En su informe 'Observatorio de Políticas de Agua (OPPA)' correspondiente al año 2023, consultado por EFE, esta fundación alerta de que el cambio climático ya ha afectado "muy seriamente" a las aportaciones naturales en la cabecera del Tajo, que se han visto reducidas en torno al 50% respecto a la media de la serie histórica y advierte de que esta reducción "seguirá agravándose en el futuro", como apuntan diversos estudios.

Por este motivo, adelanta que la principal causa de la reducción de las aportaciones al Tajo-Segura no será la aplicación de los caudales ecológicos, sino el cambio climático, que "no se trata de una amenaza futura, sino de una contundente realidad".

Piden una hoja de ruta para desconectar el Segura del Tajo - Foto: Javier Pozo

Así, calcula que teniendo en cuenta las actuales reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, sin considerar la fijación de caudales ecológicos en el Tajo, para el periodo 2020-2090 y en el escenario de cambio climático más favorable, los volúmenes anuales transferibles desde el Tajo a la cuenca del Segura caerán a una media de 106 hectómetros cúbicos  anuales.

Pero advierte de que "tan preocupante como esta importante disminución del valor medio, es la existencia de períodos consecutivos de tres y cuatro años en los que no se produciría ninguna transferencia".

En un escenario climático desfavorable, las transferencias podrían cesar totalmente a partir de 2067. Y señala que en el escenario climático más desfavorable y que considera como el más probable de acuerdo con la senda de emisiones actual, el volumen medio transferible se reduciría a 77 hm3 anuales, y que además se agravaría la duración y frecuencia de los periodos sin transferencia, "llegando a un cese total de las transferencias a partir del año 2067", cuando, asumiendo que los usos en la cuenca del Tajo fueran equivalentes a los actuales, habría también déficits para tales usos.

Por ello, teniendo en cuenta este horizonte, el informe de la fundación Nueva Cultura del Agua plantea una serie de medidas a corto plazo, como la eliminación de los usos ilegales de agua, incluyendo perímetros irregulares de regadío e incrementar la aportación de recursos de la desalación marina para compensar la reducción de transferencias desde el Tajo, con ayudas económicas públicas dirigidas a mitigar el coste del agua desalada para los agricultores cuya rentabilidad pueda estar afectada de forma significativa por un incremento del coste del agua.

A medio y largo plazo, propone promover un cambio progresivo en los modelos productivos para facilitar una economía más diversificada en el territorio a diferentes escalas para alcanzar un mayor equilibrio entre las actividades primarias y otras actividades económicas que, con menor consumo de agua, presentan un mayor valor añadido, así como reequilibrar el peso de la agricultura de secano en relación con el peso del regadío.

Para ello, plantea apoyar cultivos y sistemas productivos que permitan mantener una actividad agraria ambientalmente sostenible, económicamente viable y socialmente justa sobre la base de un secano de alto valor añadido y de un regadío con cierta reducción en su superficie total pero de mayor valor, de forma que se promuevan los alimentos de calidad, la producción agroecológica y la reducción de la contaminación y otros impactos ambientales, al tiempo que se potencien los circuitos de proximidad y con apoyo especial a los pequeños agricultores.

"Mantener la ficción del 'agua para todos' o del 'agua para siempre' es, simplemente, un fraude. El retraso en reconocer el nuevo contexto solo contribuye a agravar el choque con la realidad y a retrasar la construcción de una alternativa viable y duradera", advierte el documento, que indice en que "la necesidad de reducir la superficie de regadío es ya una necesidad constatable, en mayor o menor medida" en el conjunto de España.

Los caudales ecológicos, una obligación recogida desde 2001 en la legislación española de aguas. El informe, de casi un centenar de páginas y que dedica un apartado exclusivo al trasvase Tajo-Segura en relación con los caudales ecológicos en el Tajo y con la cuenca receptora, recuerda que en 2023 se vivió un "nuevo capítulo del conflicto" del trasvase Tajo-Segura y cuyo detonante fue el establecimiento de un régimen de caudales ecológicos en el Tajo y el posible efecto de tales caudales sobre la transferencias del Tajo al Segura.

En este sentido, el informe señala que los caudales ecológicos son "una obligación recogida desde 2001 en la legislación española de aguas", pero que en el caso del Tajo "la definición e implementación de un régimen de caudales ecológicos se ha visto condicionada en todo momento por la existencia del trasvase Tajo-Segura".

Tras recordar las cinco sentencias del Tribunal Supremo de 2019 que señalan que se deben establecer dichos caudales ecológicos en el Tajo, reconoce que el Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027 "hace un tímido avance" en este cumplimiento y fija dichos caudales ecológicos a partir de estudios científico-técnicos, aunque considera una "anomalía" que sea una implantación escalonada hasta 2027 en el tramo medio del río.