La locuacidad del ministro de Transportes, Óscar Puente, es una de sus señas de identidad, al igual que la profusión de sus apuntes en las redes sociales, o su decisión de convertirse en martillo de críticos con la acción del Gobierno que considera una respuesta de legítima a defensa, aunque a veces carga las tintas de forma excesiva y sus declaraciones se vuelven en su contra porque se convierten en fuego amigo.
Óscar Puente se ha lanzado contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, por no haber accedido a aplicar la ley de amnistía a Carles Puigdemont. El ministro ha utilizado los mismos argumentos que otros expertos juristas que consideran excesiva y descolocada la apreciación de que los líderes del 'procés' cometieron malversación porque se lucraron por la vía de no tener que poner ellos dinero de su bolsillo para organizar el referéndum del 1-O de 2017. A los magistrados del Supremo a los que se les nota que no estuvieron ni están de acuerdo con la ley de amnistía aprobada por el Congreso que deben aplicar, las críticas no parecen hacerles mella y reiteran que la ley les ha dejado un resquicio en el que justificar la inaplicación de la ley.
Tan seguro está Puente de sus críticas a Llarena que se mostró convencido de que el Tribunal Constitucional validará la ley. Con amigos como el ministro de Transportes al Tribunal Constitucional no le hacen falta enemigos, porque no hace sino dar pábulo a las acusaciones de parcialidad, de ser un Tribunal de parte que realizan el PP y otros sectores conservadores por su mayoría progresista.
El juez Llarena vuelve a estar en el ojo del huracán, en primer lugar, porque se siente burlado por la presencia de su perseguido Carles Puigdemont en Barcelona el día de la investidura de Salvador Illa y, en segundo lugar, porque le corresponde mantener la persecución judicial del expresidente catalán. Si su deseo es verle sentado ante él para que pueda leerle los cargos por los que está perseguido debería relanzar una euroorden para que sea detenido por el delito de malversación puesto que no le va a poder inculpar por rebelión como pretendía inicialmente dado que el tribunal sentenciador solo apreció sedición, y ese delito si entra en la amnistía. Puigdemont carece ahora de inmunidad al dejar de ser miembro del Parlamento Europeo y la malversación es un delito que se recoge en los códigos penales de los países de nuestro entorno. Óscar Puente no ha llegado tan lejos como el senador de Junts, Eduardo Pujol, que le ha llamado "Tejero sin bigote" y para rematar ha pedido al Gobierno que le denuncie por prevaricación. Otro exceso de incontinencia verbal.