El Gobierno cede y pondrá escolta a Puigdemont en Waterloo

Agencias
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El Ministerio del Interior inicia los trámites para ofrecer protección al político prófugo tras el aviso de la Generalitat de que «su vida puede estar en peligro»

El dispositivo de seguridad del catalán constaría de cuatro agentes. - Foto: Julien Warnand (EFE)

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont llevaba tiempo reclamando escoltas, por temor a ser atacado en su lugar de residencia en Waterloo como prófugo de la Justicia, pero sus demandas nunca habían sido secundadas por el Ministerio del Interior. Hasta ahora, que ha recibido el ok del departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska al considerar que el huido atraviesa una «grave situación de inseguridad».

Así, Puigdemont volverá a gozar de privilegios inmediatos, aún antes de aprobarse la ley de amnistía, después de que su jefe de gabinete, Josep Lluís Alay, enviara una carta al consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, para solicitarle una escolta urgente «teniendo muy presente el aumento del nivel de peligrosidad y riesgo para la persona, detectado especialmente desde hace algunas semanas, hecho que es público y notorio». El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, confirmó ayer que el Gobierno tramitará dicha petición, pese a tratarse de un prófugo de la Justicia que, si a día de hoy pisa territorio nacional, tendría que ser detenido. 

En ese sentido, el secretario general de Junts, Jordi Turull, aseguró que Puigdemont podrá volver a Cataluña cuando la amnistía esté «en vigor», pero negó que hayan hecho un calendario al respecto.

Además, sobre que el PSOE cifre en 309 los ciudadanos y dirigentes que podrán beneficiarse de la ley, Turull lo negó al asegurar que han hecho «los números del gran capitán», pero evitó concretar una cifra que, según fuentes de su entorno rondaría las 1.400 personas. El político confía en que la amnistía entre en vigor lo antes posible, pues hay un acuerdo para no dilatarlo

Sobre el perdón a los implicados en el procés habló también el expresidente de la Generalitat Artur Mas, que señaló que la defensa jurídica de la presidenta de Junts, Laura Borràs, condenada por prevaricación, tiene la posibilidad de encajar su caso dentro de la amnistía argumentando «una acción desproporcionada represiva del Estado». «Representaba lo que representaba, y si no lo hubiera hecho, probablemente esa acción no se hubiera llevado a cabo», sostuvo.