Las previsiones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo sobre la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas, son conceder la autorización previa para el inicio de la actividad en el emplazamiento antes de que finalice el primer semestre del año, y la autorización para su construcción antes de que termine 2015. Así lo anunció el ministro José Manuel Soria en la Comisión de Industria que se celebró ayer en el Congreso de los Diputados a petición de distintos grupos de la Cámara Baja.
Soria manifestó que según la normativa nuclear vigente no se puede iniciar ningún tipo de actividad sin estas autorizaciones que tienen que venir precedidas por el informe del Comité de Seguridad Nuclear (CSN), que en estos momentos se encuentra analizando la documentación adicional requerida a la Empresa nacional de Residuos nucleares (Enresa), que le envió los pasados 30 de diciembre de 2014 y 20 de enero de 2015.
Una solicitud a la que quiso restar importancia ya que, según manifestó, «en todo proceso es habitual que el CSN requiera a los licenciatarios información adicional o aclaraciones específicas» sobre esta obra civil, por lo que «no estamos hablando de ningún tipo de petición excepcional», insistió. El Consejo de Seguridad Nuclear solicitó en septiembre de 2014 esa información adicional sobre aclaraciones relativas a las características del emplazamiento, «siendo especialmente relevantes las relacionadas con potenciales riesgos de inundación, inestabilidad del terreno por fenómenos de expansividad o colapso por disolución de yeso», informó Soria.
Es más, para apoyar su argumentación, aclaró a los diputados presentes que «hasta la fecha, en ningún momento, el CSN ha manifestado que el emplazamiento no sea válido para la construcción del ATC, en ningún momento» enfatizó el ministro canario, de manera que se mantiene la estrategia del Ministerio con respecto al almacén de residuos nucleares y su emplazamiento en la localidad conquense.
No obstante, el ministro no estuvo exento de críticas de los diputados de los distintos grupos, que reprocharon tanto la decisión supuestamente política del emplazamiento, como por las dudas sobre la seguridad de la medida. Fue el caso del PSOE que, en palabras del diputado por Cuenca Luis Carlos Sahuquillo, estaba a tiempo de rectificar y cambiar de ubicación o apostar por los almacenes individualizados llamados ATIs.
Soria aludió al trabajo de su antecesor, Miguel Sebastián, para justificar la ubicación ya que le dejó el trabajo «casi hecho» antes de hacer el cambio de cartera, y respondió a Sahuquillo, que afirmó que Cospedal formaría parte del pasado de la comunidad, que precisamente era «el presente y el futuro» para añadir que el pasado eran otros dos «de cuyo nombre no quiero acordarme». También la Izquierda Plural, cuya portavoz Laia Ortiz, solicitó además de la dimisión del ministro, solicitó que no se llevara a cabo esta construcción, petición que el ministro despachó apelando al criterio del CSN como más adecuado para guiar su decisión que el criterio de la diputada.
Sobre el nombramiento del nuevo presidente de la entidad de gestión de residuos tras la salida de Francisco Gil-Ortega «por motivos personales» recordó, Soria señaló que el economista del Estado Juan José Zaballa, posee una «amplia experiencia y solvente trayectoria», opinión que apoyó en la gestión que hizo de la empresa pública Paradores que perdía 20 millones de euros al año y que la dejó con «Ebitda positivo». Por tanto, se trata de una persona que «cuenta con toda la confianza del Gobierno» y, por supuesto, del Ministerio que dirige Soria y que es la administración que tutela la empresa de residuos nucleares.
«No consta».
Brevemente, José Manuel Soria se refirió en útlimo lugar a las informaciones que se han publicado sobre supuestas «irregularidades» en los gastos que pudo efectuar Francisco Gil-Ortega durante el periodo en que estuvo al frente de Enresa. En este sentido, manifestó que, según la información aportada por la empresa de residuos, en el Ministerio de Industria «no consta ninguna irregularidad» y que no existe «ningún cargo sin justificar» en la tarjeta de Gil-Ortega de aquella época.