Mucho se ha hablado de la reforma laboral, la ley mordaza, la del 'sí es sí' o la de amnistía. Menos foco ha tenido la Ley 8/2021 de Apoyo a las Personas con Discapacidad y, sin embargo, ha sido "muy revolucionaria y ha removido todo el ordenamiento jurídico español", tal y como subraya Luis Perales, presidente de la Fundación Tutelar de Castilla la Mancha, Futucam. Las implicaciones son muy grandes porque esta normativa ha implicado devolver todos los derechos que se habían quitado a las personas con discapacidad que desde la ley de 1983 han sido declaradas incapacitadas jurídicamente. Ahora esa incapacitación ha desaparecido y la fórmula de tutela también, aunque en algunos casos se mantiene una curatela representativa. Perales explica que al igual que durante años no les han dejado votar, hay personas a las que les han impedido hacer operaciones en el banco o adquisiciones de vivienda. "Hay personas que saben si le gusta ese piso para comprarlo y no pueden hacerlo porque estaban limitados en sus tomas de decisiones", explica.
Aunque la ley tiene tres años su desarrollo también está provocando determinadas dudas que se están aclarando en jornadas como las que hoy se han celebrado en la Consejería de Bienestar de Castilla-La Mancha, organizadas por Plena Inclusión, Futucam y financiadas por la Fundación "la Caixa". Perales quiso mandar un mensaje de tranquilidad a las familias: "En las que tenían a su hijo con grandes necesidades de apoyo, va a seguir lo mismo". Ahora bien, se trata de hacer un "traje a medida" en función de las capacidades de cada persona.
Todo este cambio legislativo está teniendo su repercusión en la actividad de los tribunales, que tienen que revisar las sentencias de incapacitación. Había un plazo de tres años para revisarlas todas y Perales reconoce que ya ha expirado el plazo y que están entre el 40 y el 45 por ciento. "Es una carga importante", reconoce. También esa carga se está trasladando a las fundaciones que se encargaban de gestionar esa tutela como Futucam.
El presidente de Plena Inclusión, Francisco Serrano, reconoce que en muchas familias "la preocupación viene porque se creen que se van a quedar desprotegidos". Indica que "estas jornadas están bien para que se clarifique eso y que los profesionales nos puedan decir de qué manera se va a implantar la ley y de qué manera va a incidir en las familias y en las personas con discapacidad". Comenta que "sigue habiendo curatela para proteger el tema económico", pero que una vez implantada la ley "cualquier persona pueda ir a un banco, firmar una póliza, pedir un préstamo o sacar dinero". Serrano destaca que esta ley es positiva "porque estamos volviendo a dar a las personas sus derechos, pero también da lugar a algunos problemas a la hora de la implantación".
El director general de Discapacidad de la Junta, Francisco Armenta, destaca que la Junta ayuda a financiar las fundaciones de tutela, con las que se puede "atender a 1.400 personas con las seis fundaciones que desarrollan estos programas y estas medidas judiciales de apoyo". Reconoce que "toda ley requiere un desarrollo y nos vamos encontrando con dificultades que hoy se van a analizar y que afectan a cuestiones de la vida diaria de las personas con discapacidad".