El Pleno del Ayuntamiento de la capital ha acordado iniciar de manera inmediata un expediente administrativo para evaluar en primer lugar el servicio de transporte urbano y posteriormente realizar un estudio sobre el modelo de gestión a implementar, estableciendo para su cumplimiento un plazo de seis meses.

Asimismo, se ha dado luz verde a que el equipo de Gobierno inste a la administración central a comprometerse a conceder una ayuda al servicio de transporte urbano de Cuenca para garantizar la viabilidad ante la necesidad de conectar la ciudad con la estación del AVE mediante lanzaderas, después de que el actual convenio con el Ministerio de Transportes no se haya puesto en marcha aún y tenga como fecha de caducidad 2027.

Acuerdos que responden a la aprobación por mayoría de la moción presentada por el Grupo Municipal Popular en este sentido, que ha sido transada por Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca (CeM) y que también ha logrado el respaldo de Vox, aunque no así el del equipo de Gobierno de PSOE y Cuenca Nos Une (CNU), que han votado en contra.

El concejal de Movilidad, Adrián Martínez, ha tendido la mano a la oposición para trabajar juntos por el servicio. - Foto: Reyes Martínez

Los populares consideran que no se puede prolongar más esta situación del servicio del transporte urbano, con un «mal contrato, en el que siempre gana la empresa», de ahí que defendiera su rescisión y ponerse a trabajar cuanto antes en uno nuevo que «proporcione a los ciudadanos un transporte público como se merecen», tal y como ha resaltado el concejal del PP, Juan Guadalajara.

Mala percepción de este servicio municipal con la que han coincidido tanto Vox como CeM, que ven necesario hacer algo para intentar buscar una solución a esta problemática. Si bien para estos últimos «no solo se debía de contemplar la opción de un nuevo contrato privado», como se recogía en la moción inicial del PP, sino que «también se tuviera en cuenta la posibilidad de una gestión directa», tal y como ha puesto de manifiesto su concejal, Pablo García.

De ahí, que propusiera incluir en la moción la necesidad de elaborar primero una evaluación del servicio y después un estudio sobre las distintas modalidades de gestión, tanto directas como indirectas. Algo que los populares recibieron de buen grado, al igual que la otra sugerencia de CeM relativa a no ligar la financiación de las lanzaderas al AVE a la prolongación del convenio actual con el Ministerio de Transportes, sino que asociarlo a un compromiso de la administración central.

Desde el equipo de Gobierno, por su parte, el concejal de Movilidad, Adrián Martínez, tras dejar claro que la resolución del asunto es «muy complicado», ha tendido la mano a la oposición para «trabajar todos juntos para preparar el nuevo transporte público para el 2027, cuando finaliza el actual contrato prorrogado y el convenio suscrito con el Ministerio».

Ha insistido, de hecho, en señalar que «el equipo de Gobierno no se cierra en banda a que nos sentemos todos en una mesa y planifiquemos el servicio, pero haciendo las cosas de manera coherente y no por arrebatos y, sobre todo, asegurando cuestiones que no dependen de los que estamos aquí».

Sin embargo, los grupos de la oposición han optado por la inmediatez y han instado al equipo de Gobierno a que se ponga manos a la obra con la evaluación y posterior estudio de gestión.