La crisis económica derivada de la pandemia y la guerra en Ucrania, marcada especialmente por la escalada de precios y los problemas en los suministros, parece haber dado cierta tregua a los órganos judiciales de la provincia de Cuenca en este recién finalizado 2023, a tenor de las últimas cifras ofrecidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que apuntan a un descenso de ciertos procedimientos ligados a momentos de recesión.

La caída de los desahucios practicados, las reclamaciones de cantidades, las ejecuciones hipotecarias y de los procedimientos por ocupación ilegal de viviendas hacen pensar en un cambio de tendencia, al tiempo que evidencian las distancias con otra crisis, la de la burbuja inmobiliaria, donde estas cifras alcanzaron niveles bastante más preocupantes.

Y es que los Juzgados de Primera Instancia de la provincia de Cuenca despidieron 2023 con 32 lanzamientos o desahucios practicados, 12 menos que al cierre de 2022, lo que equivale a un descenso del 27,3%, y, por si esto fuera poco, un 70,6% por debajo de los niveles en la recta final de la crisis del ladrillo, allá por el 2014, cuando se elevaban a 109, más del triple que en la actualidad.

- Foto: Elaboración propia.

No en vano, Cuenca ha arrojado al término de 2023 la cifra más baja de desahucios de los últimos once años, según el último informe del CGPJ sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales.

Más señales positivas. Pero ésta no es la única señal positiva en el ámbito judicial, puesto que también se ha registrado en el último ejercicio natural un descenso del número de procedimientos tramitados en los Juzgados de Primera Instancia por ocupación ilegal de viviendas. 

En concreto, después del ingreso de cuatro nuevos casos, se han resuelto 12 ocupaciones ilegales y se encuentran en trámite otras 26; números que denotan una reducción del 7,3 por ciento con respecto a las cifras de 2022, cuando hubo 17 ingresos, 12 ocupaciones resueltas y 30 en trámite.

Las ejecuciones hipotecarias presentadas en los Juzgados de Primera Instancia se redujeron un 13% hasta las 61. - Foto: Reyes Martínez

Y, sin dejar el ámbito inmobiliario, indicar que las ejecuciones hipotecarias presentadas a lo largo del pasado año en los Juzgados de Primera Instancia de la provincia ascendieron 61, nueve menos que en 2022, lo que supone un descenso del 13 por ciento. 

No en vano, es la tercera cifra de estos procedimientos más baja de los últimos 17 años, sólo superada por las 44 de 2020 y las 48 del ejercicio 2019, y, además, se sitúa muy por debajo de los números de la crisis de la burbuja inmobiliaria, que oscilaron entre las 158 de 2008 y las 181 de 2016.

Completan este abanico de 'buenas señales' en los efectos de la crisis en los órganos judiciales conquenses, la evolución de las reclamaciones de cantidades en el Juzgado de lo Social de Cuenca, que a lo largo del pasado ejercicio se elevaron a 403, un 14,4 por ciento menos que en 2022, cuando ascendieron a 68 más, en concreto, 471.

Una tendencia que sitúa a 2023 como el año con la segunda cifra más baja de este tipo de demandas en los últimos 16 años, tan solo por encima de los 360 de 2016.

El contrapunto. Las buenas sensaciones dejadas en los órganos judiciales por los descensos de desahucios, reclamaciones de cantidades, ejecuciones hipotecarias y procedimientos por ocupaciones ilegales de viviendas tienen su contrapunto al cierre de 2023 en el incremento de los concursos en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y de las demandas por despido en los Juzgados de lo Social. 

Y es que, a pesar del descenso de los procedimientos concursales presentados en el último trimestre del año con respecto al anterior, 21 frente a 44, la cifra final de 2023 ha llegado a los 92, un 76,9% más que los 52 del ejercicio anterior y, además, todo un récord de la serie histórica de la estadística del CGPJ, que alcanza hasta el 2007. De hecho, supera con creces hasta los niveles de la crisis de la burbuja inmobiliaria, cuando en 2014 alcanzó un máximo de 37.

Las demandas de despido, por su parte, no se quedan atrás y en 2023 llegaron a las 421, un 25% más que en 2022 y la cifra más alta desde 2014, si bien, en esta ocasión, no supera los años más duros de la anterior crisis económica, cuando en 2012 se alcanzaron las 671 denuncias.