Los mandos de la Policía Local expedientados se querellan

Redacción
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La querella contra dos funcionarios municipales ha sido admitida a trámite por el Juzgado en funciones de Instrucción, quien ha acordado la práctica de distintas diligencias en su constatación

Imagen de un vehículo de la Policía Local - Foto: Reyes Martínez

El jefe de la Policía Local de Cuenca, Juan Carlos Muñoz del Olmo, y el oficial Jesús Mariano Casamayor, han formulado una querella criminal contra «dos funcionarios altos cargos del Ayuntamiento de Cuenca que participaron en la denuncia contra ellos y cualquier otro que pudiera surgir de la instrucción que, presuntamente, se han permitido incurrir en los supuestos criminales que en la misma se invocan».

Según explican ambos demandantes en un comunicado a los medios de comunicación, la querella «ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción en funciones, quien ha acordado la práctica de distintas diligencias en su constatación». En dicho comunicado, Del Olmo y Casamayor agradecen «las muestras continuas de apoyo y de cariño incondicionales por parte de familiares y amigos en estos momentos difíciles».

Esta querella llega tras el reciente archivo por parte de la Fiscalía Provincial de Cuenca de la denuncia que interpuso el Ayuntamiento contra los dos agentes.

Juan Carlos Muñoz y el oficial de más antigüedad del cuerpo, Jesús María Casamayor, se incorporaron con el levantamiento de las medidas cautelares por orden judicial con todo lo inherente al cargo. Todo después de que el Consistorio conquense les abriera expedientes disciplinarios por motivos que no trascendieron. En este momento, los agentes iniciaron acciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa en defensa de sus «derechos fundamentales», por haber sido apartados de sus funciones en una decisión que, según apuntaron, obedecía a una «denuncia oculta, amparada en el anonimato». Seguidamente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca revocó después las medidas cautelares de suspensión temporal. El pasado día 7 de noviembre, la Fiscalía archivó las diligencias «ante la falta de fundamentos serios».