El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha considerado que la presión del Ministerio de Trabajo para que los empresarios se sumen al pacto para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) "se llama amenaza", puesto que, en caso de descolgarse, la subida será superior a la inicialmente planteada.
En una entrevista este martes en RNE, el líder de la patronal se preguntaba si se trata de "una amenaza" o "un chantaje" el planteamiento esgrimido ayer por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien en la reunión que mantuvo con los agentes sociales pidió a la patronal que se sumara al pacto para elevar el SMI un 4% este año.
En caso de que la patronal, que propuso un incremento del 3%, se descolgara del pacto, Pérez Rey avisó de que la subida sería superior, tal y como reclaman los sindicatos que plantean un alza de al menos el 5 %.
"Si no estás tú, todavía voy a meter más", se queja Garamendi, al tiempo que reprocha cómo "algunos, que no han pagado un salario en su vida, van a decidir lo que tenemos que pagar los demás. Si esto se llama diálogo social, pues que lo digan. Lo de ayer se llama amenaza".
Asimismo, Garamendi ha reprochado al Gobierno que haya rechazado la petición de la patronal de que se tenga en cuenta cómo impacta el alza del SMI en el sector agrario, así como la de indexar esta subida a los contratos del sector público con empresas, a las que se les ven incrementados los costes laborales.
Sorprendido por el planteamiento de autobajas
El líder de los empresarios ha sido interrogado además por el planteamiento del Ministerio de Sanidad de que un trabajador pueda autojustificar con una declaración responsable una baja por enfermedad leve en los tres primeros días de incapacidad.
Garamendi se ha mostrado sorprendido por la medida y ha asegurado que no han sido consultados como agentes sociales, pero que este tipo de medidas "excepcionales", como las que se aplicaron en pandemia, no tienen sentido ahora y sólo sirven para tapar problemas que hay que resolver en el sistema sanitario.
Ha resaltado que en muchas empresas el coste de este tipo de bajas las asume el empresario y ha apuntado a las mutuas de accidentes de trabajo como posible solución para descongestionar la sanidad pública.
Rechazo a las sanciones que plantea Junts
También ha sido preguntado por la exigencia de Junts, a cambio de apoyar los decretos que mañana se someten a convalidación en el Congreso, de introducir cambios en la ley para sancionar a las empresas que abandonaron Cataluña si no regresan.
En este sentido Garamendi se ha preguntado si este planteamiento es constitucional y ha dejado claro que las empresas tienen derecho a instalarse o invertir donde quieran: "Lo otro se llama regulación en vena o comunismo".
Y ha apuntado a que sería más aconsejable generar el clima de confianza adecuado para que las empresas, que "con mucho dolor" se fueron de Cataluña, "puedan volver a su tierra".