La Unión de Campesinos de Castilla-La Mancha se concentrará el próximo martes 11 de junio frente al Palacio de Fuensalida, en Toledo, por los desvíos de dinero de la Junta a Geacam.
Estará acompañada por la Plataforma de Agricultura y Ganadería Ecológica de Castilla-La Mancha y otras plataformas agrarias de la región, entre ellas, apicultores de Guadalajara, la Asociación en Defensa del Campo de Cuenca (Adeccu), la Plataforma de daños por Conejos y miembros de las plataformas de las Zepas.
En rueda de prensa han exigido que se cese el "desvío de dinero" del Programa de Desarrollo Rural (PDR) a la empresa de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam). El presidente de Unión de Campesinos de Castilla-La Mancha, Andrés García Vaquero, ha denunciado que el coste de las labores de prevención de incendios se paga a 7.000 euros la hectárea a la empresa pública, mientras que los agricultores cobran 1.000 euros la hectárea por las mismas labores.
El presidente de la Plataforma de Agricultura y Ganadería Ecológica, Anastasio Yébenes, ha criticado que "el Gobierno de Castilla-La Mancha ha expulsado a 5.000 agricultores", al haber presentado ayudas para 220.000 hectáreas cuando en 2022 se certificaron un total de 438.000 hectáreas.
Al mismo tiempo ha habido un recorte de la financiación, ya que en el periodo entre 2008-2014 se pagaban 57 millones de euros anuales y ahora lo están pagando a 32 millones, "un 44 por ciento menos". Yébenes ha pedido que cambien el presupuesto que manda la Unión Europea para la agricultura ecológica, pero ha considerado que no lo hacen porque "pondría en riesgo la financiación de Geacam".
Otras de las reclamaciones del sector primario es "incentivar y dotar presupuestariamente" la ganadería extensiva, el pastoreo, cultivos tradicionales, aromáticas y apicultura. Reducir la burocracia, en general, y generar "un mecanismo ágil y bien dotado" para catástrofres climáticas, financiado a partir de los fondos del PDR.
La Unión de Campesinos de la región han concluido culpando a Castilla-La Mancha de "vender" una agricultura y ganadería sostenible "a los ojos de la Unión Europea", pero que es "totalmente insostenible e inviable" para el campo.
Han reclamado que la organización agraria se siente en la mesa de negociaciones, como le prometió la Junta, y ha echado en cara a otras plataformas del sector primario, como Asaja, COAG y UPA, que no defiendan los intereses del campo.