La Junta de Gobierno del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura ha celebrado hoy que el trasvase lleva 46 años en funcionamiento, pero lo hace con «zozobra», en palabras de su presidente, Lucas Jiménez, ante lo que se avecina con la modificación de las reglas de explotación de esta infraestructura anunciadas por la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Jiménez barrunta que la cuenca del Segura es «inestable» y necesitará del auxilio del Estado una vez se modifiquen las citadas reglas que supondrán un recorte a los envíos de agua.

Por su parte, el presidente de Murcia, Fernando López Miras ha manifestado que «España no puede permitirse que se sigan cuestionando infraestructuras esenciales para la vida de millones de personas». Incidió además en que «hay agua suficiente para todos, y hoy se demuestra viendo las reservas de las cuencas hidrográficas cómo en España hay agua pero está mal repartida» porque en la mayoría del país están rozando el 80 por ciento de la capacidad de sus embales y en el Segura no llegan al 25 por ciento.

«Es una barbaridad, por no decir una vergüenza, que se siga cuestionando que en España no hay agua suficiente para todos cuando sí la hay y solo se deben construir las infraestructuras necesarias para maximizar su aprovechamiento», ha agregado López Miras: «Por eso vamos a defender siempre el acueducto Tajo-Segura, porque nos asiste la razón y por eso nadie va a conseguir doblegarnos, sea quien sea y esté donde esté, ya sea en La Moncloa o al frente de un ministerio, ante decisiones unilaterales como la del recorte del trasvase».

Castilla-La Mancha no acepta «ningún paso atrás».

El Gobierno de Castilla-La Mancha considera que es «un momento decisivo para corregir el expolio del trasvase después de 46 años» y por ello insiste en la necesidad de cambiar las reglas de explotación del Tajo-Segura, que con los embalses de cabecera en nivel 1, permiten una derivación mensual de 60 hectómetros cúbicos.

La directora de la Agencia del Agua en la región, Montserrat Muro, afirma que el Ejecutivo autonómico no está dispuesto a «dar ningún paso atrás» en sus reclamaciones para minorar las derivaciones de agua al Segura.

De hecho, asegura que en estas casi cinco décadas, el trasvase «ha supuesto un lastre para la gestión hídrica y el desarrollo de Castilla-La Mancha, con unas normas que se diseñaron para una previsión de aportaciones que no se corresponden con la realidad ni antes ni mucho menos ahora, sometidos a las situaciones extremas que plantea el cambio climático».

Muro considera que las normas de explotación que están ahora en vigor, lo que han hecho ha sido «mantener el nivel de llenado de los embalses de cabecera muy bajos», lo que ha provocado «una gran inestabilidad en todos los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, pero también una inseguridad en cuanto a la posibilidad de cumplir los criterios de abastecimiento de la cuenca cedente, incluido Madrid».

Sin embargo, recordó que Castilla-La Mancha, por estar en el interior de la Península, no cuenta con desaladoras –como sí dispone el Levante– para aporta recursos suficientes para abastecimiento y para regadío. Por ello, reclama que se respete la prioridad de la cuenca cedente, se aumente el umbral por debajo del cual no se puede trasvasar y se apliquen los caudales ecológicos al Tajo, toda vez que ha recordado que este es el único río que no cuenta con dichos caudales ecológicos.

«El trasvase es la ruina, el éxodo y el empobrecimiento de la zona» 

El presidente de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, Borja Castro, ha calificado los 46 años que se cumplen del trasvase Tajo Segura como «de ruina, de éxodo y empobrecimiento» y confía en que pronto las nuevas reglas den prioridad al río y permitan la sostenibilidad de los embalses. Castro ha querido señalar que en estas cuatro décadas han sido incontables las «empresas que se han ido, las personas que ha abandonado la zona y se han ido a las ciudades para encontrar oportunidades y cuando eso pasa pues los pueblos empiezan a decaer». También ha dicho que «lo que han conseguido es llevarse el agua, nuestra fuente de riqueza y la única esperanza y motor económico que tenemos en los pueblos» para fomentar en el Levante «una agricultura insostenible» que está acabando con el patrimonio natural.