El comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didiers Reynders, se muestra muchas veces como uno de esos políticos que dicen aquello que sus interlocutores quieren escuchar, y esa actitud no da lugar más que a confusiones o equívocos. A veces lo acompaña con falta de firmeza a la hora de señalar a los causantes de que España se vea señalada en los informes sobre el Estado de derecho de los estados miembros, en los que sale malparada por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que en estos días cumple cinco años desde que debía haber sido renovado, duplicando el tiempo de su mandato, en los últimos años remediado porque no puede nombrar jueces para los tribunales más importantes.
Reybders, junto al ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha reiterado el lunes que primero ha de renovarse el órgano de gobierno de los jueces y luego proceder al cambio de modelo de elección de los vocales de extracción judicial, que tendrían que ser nombrados por los jueces. Sin embargo, el comisario europeo, de la familia liberal, no da el paso que debiera, que es exigir al Partido Popular que deje de poner excusas para impedir la renovación y de vía libre al acuerdo que ha estado a punto de materializarse en varias ocasiones, que para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, constituye un evidente caso de lawfare, de utilización política de la justicia. El PP en una nueva pirueta dilatoria acaba de afirmar que está dispuesto a la renovación si simultáneamente se procede al cambio del sistema de elección de los 20 vocales del CGPJ. Pero el propio Reynders ha subrayado que los cambios legales suelen llevar más tiempo que las renovaciones que pueden ser inmediatas, aunque también ha dejado abierta esa posibilidad al mostrarse favorable a explorar cualquier método que se le presente, si existe acuerdo entre los partidos, algo difícilmente alcanzable, y que por eso desechó en su día, aunque para el PP supone que vuelve a dejar una puerta abierta para seguir desobedeciendo su primera instrucción: renovar el CGPJ.
Después de toda la "europeización" que ha realizado el PP a cerca de la ley de amnistía ha sido el ministro de Justicia el que ha aparecido junto al comisario europeo del ramo para situar el momento del estudio de la ley por parte de la Comisión Europea. Como era previsible, Didiers el complaciente, no ha desmentido a Bolaños cuando afirmó que la Comisión tenía cero preocupación por la salud del Estado de derecho en España, y ha subrayado que la elaboración de la ley de amnistía se trata de "un proceso interno de España, que se abordará primero en el Parlamento español" y solo después, cuando exista un texto definitivo la Comisión realizará su evaluación sobre el encaje de la ley con los principios y valores de la UE, que ese será el momento de exponer las preocupaciones que están latentes de la Comisión.
Por el momento las relaciones entre el gobierno y el comisario europeo de Justicia se encuentran estabilizadas con una posición compartida sobre el procedimiento de comunicación y un diálogo fluido entre las partes.
La consecuencia a efectos internos es que tras el fallido intento de llevar al Parlamento Europeo el debate nacional sobre la amnistía y la recomposición de las relaciones del Gobierno con el comisario de Justicia, el PP ha sufrido dos derrotas consecutivas. Y sigue sin darse por aludido cuando Didiers Reynders reitera lo que no le gusta oír, que incluso ya demanda la principal asociación de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura, porque algunos de sus miembros ven truncada su carrera profesional, por la insólita situación del CGPJ.