La reforma de la financiación autonómica sigue empantanada y así seguirá durante mucho tiempo, recibiendo parches, sobreviviendo con las entregas a cuenta y los márgenes de gasto ante la imposibilidad de que el Gobierno y los consejeros de Hacienda de las distintas comunidades del régimen común, once de las cuales están gobernadas por el Partido Popular, alcancen un acuerdo.
El primer problema que habría que responder y que quedó sin resolverse en la pasada reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera es a quién le corresponde poner sobre la mesa el modelo por el cual se han de resolver las carencias para hacer frente a la prestación de servicios públicos de calidad. Para el PP la iniciativa debe corresponder al Gobierno, que tendría que sentar los criterios para proceder al reparto de los fondos. A nadie se le escapa que una propuesta del Ejecutivo será rechazada de plano por los dirigentes del PP, porque en ningún caso podría complacer las peticiones de todas ellas, dado que mantienen criterios distintos acerca de queque baremos habría que aplicar. Mientras que las comunidades más pobladas piden que el criterio predominante sea el de la población, las otras sostienen que debe atenderse a la despoblación, el envejecimiento, la dispersión y la orografía que encarecen la prestación de los servicios. De ahí que el Gobierno pida al PP que le presente un modelo de financiación pactado previamente entre sus regiones. En definitiva, la posibilidad de un acuerdo está muy lejana mientras ambas partes no comiencen una negociación discreta y leal que ponga fin a una situación anómala que dura ya una decena de años. El PP no parece dispuesto a dar esa baza al Gobierno y alcanzar un nuevo pacto de Estado.
Que por parte del Gobierno existe voluntad de mejorar la financiación autonómica quedó claro con el incremento del 9,5% hasta los 147.000 millones de euros de las cantidades a cuenta del sistema de financiación y con la concesión de un mayor margen de gasto del 0,2%, sin que ello afecte a la previsión del cumplimiento de la rebaja del déficit público comprometida con la Unión Europea
Tras la buena noticia sobre el dinero para gastar y el reconocimiento de que no habrá un nuevo modelo de financiación autonómica, los consejeros de Hacienda debatieron sobre lo que realmente les interesaba, la posibilidad de que Cataluña obtenga un sistema de "financiación singular" y ahí todos esperaban al Gobierno con el cuchillo entre los dientes. Todas las comunidades se consideran singulares y por tanto rechazan que Cataluña pueda obtener algún tipo de prebenda. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en presencia de la consejera catalana de Hacienda en funciones, Natalia Mas, que en esta ocasión acudió a la reunión para explicar sus pretensiones, volvió a rechazar de plano la posibilidad de conceder a Cataluña algún mecanismo similar al Concierto Vasco, pero no cerró la puerta a que se pudiera crear un consorcio tributario en Cataluña -es lo que ha planteado Illa a ERC para lograr su investidura, y que no es ni más ni menos que la fórmula recogida en el Estatut de Catalunya, que fue validada por el Tribunal Constitucional, y que por tanto, es obligatorio cumplir. Una posibilidad que también está recogida en otros estatutos de autonomía que nadie se ha preocupado de desarrollar.