El 28 de abril de 1840, la Diputación Provincial de Cuenca publicó un anuncio dirigido «a los habitantes de esta provincia». El motivo de aquella decisión plasmada en este documento fue que «había llegado el tiempo de destruir esos baluartes de Beteta y Cañete». ¿Por qué había que destruirlos? La confrontación de la guerra carlista provocó una situación insostenible, porque aquellos baluartes servían de «apoyo» para «los feroces partidarios de la tiranía». Estos fortines servían de refugio al enemigo que, «si continuase abrigado en sus fuertes de Cañete y Beteta, sería irremediable y pronta vuestra destrucción total. Es menester desalojarle de sus guaridas, o que perezca en ellas». 

La Diputación Provincial notificaba lo esperanzador de aquella decisión de derribarlos: «Van a cesar para siempre vuestros males: vais a recuperar el sosiego, la seguridad de vuestras personas, el goce de vuestros derechos, la posesión de vuestros intereses, su fomento y prosperidad».

Sin embargo, para conseguir todo esto era necesario un esfuerzo económico de los habitantes: «Mas para conseguir estos bienes se requiere de vuestra parte un nuevo desprendimiento; y la Diputación sabe que con solo indicaros cuál es este, os hallareis dispuestos a prestarle».

¿Qué fue lo que se solicitó?

«El Gobierno de Su Majestad, que por vosotros se desvela, ha autorizado al Señor Comandante general de la división de operaciones de esta provincia, la de Guadalajara y Albacete, para contratar con sus respectivas Diputaciones el apronto de 600 acémilas que se han creído indispensables para el servicio de las tropas».

La Diputación advirtió que se encontraba «indigente como vosotros», porque era muy difícil conseguir dinero en aquella belicosa situación. La necesidad imperiosa de contar, con rapidez, con 600 acémilas obligaba a eludir el procedimiento de subasta, por su lentitud, de manera que la corporación optó por «repartir su cupo de 250 caballerías mayores entre los pueblos de la provincia, excluyendo únicamente aquellos que por hallarse bajo la dominación del enemigo no pueden concurrir a este servicio».

Se celebró el sorteo correspondiente, advirtiendo que «todas las acémilas hayan de tener la alzada y robustez necesaria para el servicio de carga, cuyo peso deberá ser de ocho a diez arrobas: si alguna careciese de aquellos requisitos, no será admitida».

Los ayuntamientos debían tener cuidado de que las caballerías llegasen a la capital «completamente herradas, con buenos aparejos, cuerdas y costales». Además, los pueblos de los partidos judiciales de Huete, Tarancón y Belmonte enviarían «jávegas o serones a propósito para la conducción del pan».

Muy importante era el hecho de conducir correctamente los animales hasta Cuenca. Así, se pidió a los ayuntamientos a los que tocasen hasta tres caballerías que nombrasen «un mozo que tenga la aptitud necesaria para manejarlas, el cual ha de venir con ellas a hacer su servicio en las brigadas». Los ayuntamientos se encargarían del socorro necesario de los mozos «por ocho días al menos», pagándoles «cuatro reales» según el carácter de cada brigada.

Se hicieron otras consideraciones relativas «al caso de desgraciarse alguna de estas en el trabajo o accidentes del servicio». En este escenario, la administración militar abonaría «las dos terceras partes de su valor».

Además, la Diputación advertía que «no admitirá consultas ni reclamaciones contra la ejecución de un servicio tan urgente, y que la autoridad militar se encargará de llevarlo a efecto en los pueblos donde, por desgracia, no se hubiere cumplido con la puntualidad prevenida».

En definitiva, los habitantes de la provincia estaban obligados, de inmediato y sin protestar, a cumplir el anuncio que publicó la corporación provincial.

Este interesantísimo documento se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Cuenca.