La semana pasada Madrid fue testigo de las reivindicaciones del sector primario español. 1.500 tractores y más de 10.000 agricultores y ganaderos recorrieron la capital en su protesta para pedir que la Unión Europea y el Ministerio no les ahoguen con normas medioambientales, requisitos burocráticos y acuerdos comerciales injustos, entre otras cuestiones. Este lunes, aunque con diferentes convocantes (UPA, ASAJA y COAG en vez de Unión de Uniones) y un afluencia mayor, el guión se repitió, lo que provocó que el ministro Planas citara a las organizaciones agrarias para una reunión el miércoles (obviando una vez más a Unión de Uniones).

Al mismo tiempo que en Madrid, más de mil tractores bloquearon este lunes el barrio europeo de Bruselas, la sede de las instituciones de la Unión Europea, en una tensa protesta. Desde primera hora del día centenares de tractores bloqueaban las principales avenidas del corazón de la UE para presionar a los ministros europeos de Agricultura, que se reunían esa misma mañana para debatir cómo afrontar las demandas de un sector que lleva semanas manifestándose en distintos países de la Unión.

La manifestación, convocada por organizaciones valonas de agricultores (enmarcadas dentro de las asociaciones COPA-COGECA y CEJA) tuvo conatos violentos, con quema de neumáticos y fardos de paja, lanzamiento de petardos, huevos y naranjas a los edificios de las instituciones. La tensión en las protestas se incrementó a lo largo de la mañana conforme algunos manifestantes comenzaron a enfrentarse a la policía, que estableció un perímetro de seguridad entorno a los principales edificios de las instituciones europeas. Estos episodios violentos se iniciaron con el lanzamiento de botellas de vidrio por parte de algunos manifestantes a los agentes antidisturbios que, en respuesta, cargaron contra ellos con manguerazos y gases lacrimógenos.

Bruselas no se entera - Foto: OLIVIER MATTHYSAl término de la reunión de los titulares de Agricultura de la Unión Europea, los ministros pidieron a la Comisión Europea que presente «rápidamente» medidas «más ambiciosas» para responder a las protestas de los agricultores, ya que los Estados miembros consideran que «no es suficiente» la propuesta de la Comisión Europea de relajar los requisitos ambientales para acceder a parte de la financiación de la Política Agraria Común (PAC).

Entre las propuestas que presentaron los ministros a la Comisión destaca la de modificar los reglamentos de base de la PAC sobre las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales BCAM 8 (sobre las tierras en barbecho), BCAM 7 (sobre la rotación de cultivos) y BCAM 6 (sobre la erosión del suelo), con el fin de reducir aún más la carga para los agricultores; esta demanda coincidió también con las peticiones de la delegación española. Asimismo, los titulares de Agricultura reclamaron una mejor coordinación de los controles, la revisión del artículo 120 del reglamento sobre planes estratégicos o la subida de las ayudas de minimis, entre otras.

Por su lado, el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, propuso sustituir algunas de estas BCAM por ecorregímenes de cumplimiento voluntario para los agricultores ya que considera que es «mejor incentivar que imponer» para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Pacto Verde y apoyó una mayor flexibilidad sobre la definición de las circunstancias excepcionales «para evitar sanciones a los agricultores». El problema de esta voluntariedad está en que es muy relativa, ya que 25% de los ingresos provenientes de la PAC para los agricultores y ganaderos llega de esos ecorregímenes. José María Castilla, delegado de ASAJA en Bruselas, explica que convertir estas figuras en ecorregímenes eliminaría la posibilidad de recibir sanciones si no se cumplen (algo que sí ocurre con las BCAM), pero dejaría en el alero una cuarta parte de las ayudas.

Al término de la reunión, el comisario Wojciechowski se comprometió, además, a trabajar para rebajar el estatus de protección del lobo, a prohibir la investigación y el desarrollo de tecnología para fabricar alimentos sintéticos (de laboratorio) y a aparcar el acuerdo con Mercosur, cuestiones que el sector ve con buenos ojos.

Bofetada de realidad.

Pero apenas 24 horas después de estos anuncios, el martes por la mañana, agricultores y ganaderos conocían que el Parlamento había aprobado la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza, que fue tumbada hace unos meses por la misma cámara. El problema está en el artículo número nueve, que fue el que rechazó el Parlamento, y que establecía objetivos de restauración específicamente para áreas agrícolas. Es decir, después de esa votación inicial, el sector primario quedaba fuera de esta norma.

Sin embargo, el ponente de la Ley es el eurodiputado socialista César Luena y, según denuncia Castilla, Luena, de manera unilateral y a instancias de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, reintrodujo ese artículo eliminado en el texto de la Ley, algo que Castilla achaca a la obsesión de la ministra con esta norma y la inclusión del sector agrario. Curiosamente, en esta ocasión el Parlamento Europeo aprobó con sus votos algo que había tumbado unas semanas antes. En principio, la Ley todavía podría echarse atrás, pero el responsable de ASAJA aclara que eso no va a ocurrir. «Tiene que volver al Consejo, pero allí se va a aprobar con seguridad porque votan solo los ministros de Medio Ambiente» (Transición Ecológica en España).

¿Qué supone la Ley de Restauración de la Naturaleza para el sector primario español? Los Estados miembros de la UE deben restaurar al menos el 30% de los hábitats en mal estado para 2030, el 60% para 2040 y el 90% para 2050, dando prioridad a las zonas de la Red Natura 2000. Castilla expone que el 39% de la superficie de nuestro país está incluida en la Red Natura y ello implica que agricultores y ganaderos tendrán que cumplir una serie de requisitos que mermarán su producción, si es que directamente no se ven obligados a echar el cierre.

Por si esto fuera poco, y también de manera unilateral, se eliminó del texto la «cláusula de no deterioro». Esta cláusula permitía a los productores, una vez alcanzados los objetivos de la Ley, realizar tareas tan necesarias como arreglar caminos estropeados por las lluvias, construir cobertizos para proteger al ganado o llevar a cabo modernizaciones en sus explotaciones; tal y como queda el texto, eso ya no se va a poder hacer. Sin embargo, la construcción de instalaciones de energía verde (parques eólicos o fotovoltaicos) solo requerirá de una declaración del proyecto en cuestión como Bien de Interés General, sin que haya de ser sometido a un estudio de impacto ambiental, lamenta Castilla. El delegado de ASAJA en Bruselas se pregunta si el objetivo final de esa norma es «el éxodo total de la población humana de esas zonas».

Pero la Ley tienen más inconvenientes, según José María Castilla. Por ejemplo, que nace sin presupuesto asignado y Castilla se pregunta si el dinero va a salir de la PAC, de los fondos de cohesión… «Sienta un peligroso precedente que puede dar lugar a la aprobación de más leyes sin presupuesto». Además denuncia que, una vez más, a los productores de terceros países no se les va a exigir lo mismo que a los comunitarios. «¿Crees que en Marruecos, Argelia o Túnez van a aprobar una norma similar que afecte al 40% de su territorio?».

Por último, pero no menos importante, el responsable de ASAJA en Bruselas señala que esta Ley va a crear una grave distorsión del mercado interior comunitario, ya que se trata de una norma que deja un importante margen a los gobiernos nacionales para su aplicación. Crea un marco, pero cada ministro de Medio Ambiente lo desarrollará como mejor considere y, teniendo en cuenta la manera de actuar de Teresa Ribera, Castilla se teme lo peor. Y además eso supondría que si en otros estados lo aplican de forma más laxa, los productores españoles quedarían en desventaja no ya frente a los de terceros países, sino frente a sus colegas comunitarios. «Va en contra del propio espíritu de la Unión Europea», lamenta.

La reunión con Luis Planas.

El martes, el ministro de Agricultura, Luis Planas, convocaba una reunión con ASAJA, COAG y UPA para el día siguiente. El lunes se había manifestado el campo en Madrid. En principio, ambas partes acudían a la cita con ganas de encontrar soluciones, pero al final las cosas siguen igual; al menos de momento. Eso sí, la interpretación de lo acontecido en esa reunión cambia mucho dependiendo de quién lo exprese. En declaraciones a la salida del encuentro, Planas decía que «se han producido avances importantes en la reunión, pero queda un trecho por concluir. Hemos decidido acelerar los trabajos a nivel técnico esta semana para reunirnos la que viene para poder cerrar estas negociaciones y discusiones en temas clave para el futuro de la agricultura y el mundo rural». Es decir, nada concreto. Sus declaraciones a la prensa seguían un rato plagadas de expresiones como «auténtico plan de choque", "nos hemos comprometido", «buena senda», «estoy convencido» o «todos tenemos claro que». Sin duda muy buena voluntad, pero muy poca concreción. Y eso es precisamente lo que denunciaban las organizaciones agrarias tras la reunión. Pedro Barato, presidente de ASAJA, era franco: «Que quede meridianamente claro que no se ha concretado lo que estamos demandando». Ello a pesar de que reconoció avances en temas de fiscalidad (una materia que a Planas no le atañe demasiado). Miguel Padilla, secretario general de COAG, reconocía «avances» en la negociación, pero al mismo tiempo advertía de que «faltan muchas concreciones». Por su parte, su homólogo en UPA, Lorenzo Ramos, fue algo más tibio y manifestó que «hay voluntad» por las partes y se va «por el buen camino», pero tampoco citó ningún logro concreto. En resumen, van tres reuniones este mes de febrero y los profesionales del campo no parece que, de momento, vayan a dejar de manifestarse por las carreteras y ciudades. Al menos así lo reconocía José María Castilla, responsable de ASAJA en Bruselas.