La llegada del juez Peinado en su coche azul a la Moncloa, rodeado de cámaras, era la puesta en escena buscada para salir en los papeles. De repente, este jurista se ha convertido, como en su momento y por diferentes causas lo fueron Garzón y Pedraz, en personaje popular y con especio, incluso, en las revistas del corazón.

Mientras, dentro de palacio y asesorado por la abogacía del Estado, Pedro Sánchez, se atrincheraba en su derecho a no declarar y, aún menos a ser grabado. Si no fuera porque estamos hablando del presidente del Gobierno y de un representante de la Justicia, la escena recuerda demasiado a un culebrón televisivo.

La Ley, esa que nos obliga a todos, aunque sigamos viviendo en un país donde afecta a unos más que a otros, deja muy claro que no se puede obligar a un esposo a declarar contra su cónyuge, por lo tanto este paso de la instrucción contra Begoña Gomez no tenía razón. Pero la estrategia de presentar veinticuatro horas después una querella por prevaricación contra Peinado obedece, también, al intento de quitárselo de encima y que el Tribunal Superior de justicia de Madrid le obligue a dar carpetazo al "caso Begoña" El pacto, asombroso por inédito, entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial no ha calmado las aguas de los enfrentamientos en la magistratura (de hecho no se ponen de acuerdo para nombrar a su máximo responsable) ni ha quitado presión al cabreo de un sector, muy amplio, de los jueces contra el Gobierno.

Las piruetas discursivas del ministro del ramo, Félix Bolaños, no consiguió vender ni los beneficios ni la legalidad de la ley de amnistía que puso en pie de guerra desde el Supremo hasta el último miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura. Los recursos al Constitucional y al Tribunal europeo dan cuenta de su batalla por anular la ley.

El juez Peinado, escoltado por Manos Limpias y VOX, es una muestra de la guerra abierta entre ambos poderes del Estado que conforma el Estado de Derecho y que deberían cooperar en lugar de batallar. Pero las peleas de gallos se han convertido en una forma de hacer política. Para Pedro Sánchez, como ya hemos dicho, la "persecución" judicial no le hace daño donde más le interesa que es mantener los votos. Su mujer va a salir peor parada. Es muy difícil que consiga renovar el máster que, de forma tan equívoca, consiguió en la Complutense. El empujón a su carrera profesional que pretendió acrecentar aprovechándose de su paso por Moncloa, se ha derrumbado. Aunque su causa se archive será raro que alguien acuda a la llamada de su secretaria para financiar sus proyectos.

El pacto fiscal, regalado a ERC para que nombren a Illa al frente de la Generalitat, y que Sánchez califica de "magnífico", va a traer consecuencias mucho más graves. La ejecutiva socialista traga, pero los presidentes autonómicos no. Y eso que no se conocen todos los términos del acuerdo...