La Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social de Cuenca ha presentado este domingo, ante el Canal Ético de Adif, una solicitud formal para la suspensión inmediata de las obras destinadas a la construcción de dos macroaparcamientos en terrenos de ADIF, ubicados en el centro urbano de Cuenca. Esta exigencia se fundamenta en irregularidades administrativas y daños al patrimonio histórico derivados de la ejecución de un proyecto carente de rigor legal y transparencia.

La Plataforma denuncia que las obras, aprobadas el 19 de mayo de 2023 por la Comisión Regional de Urbanismo de Castilla-La Mancha, carecen de informes preceptivos y vinculantes exigidos por la normativa vigente. Entre ellos, destacan la ausencia del informe favorable de la Consejería de Educación y Cultura y del informe de la Consejería de Medio Ambiente, documentos indispensables para garantizar la protección del patrimonio y el cumplimiento ambiental.

Desde la Plataforma de Cuenca se explica que «estas omisiones, para construir macroaparcamientos provisionales —con una licencia de 4 años, tras los cuales deberán ser suprimidos y sus costes asumidos por los ciudadanos de Cuenca— han permitido la demolición de un cargadero de ganado de 1912, estructura pendiente de declaración patrimonial». Y, en este sentido, han añadido que «han causado posibles daños a un refugio de la Guerra Civil de 1938, que no ha sido identificado en los proyectos de obra» y han recordado que «conforme a la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, estos vestigios históricos están protegidos y requieren una evaluación exhaustiva previa a cualquier intervención».

Ante esta situación, la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Cuenca demanda la suspensión inmediata de las obras hasta la presentación de todos los informes pendientes y una auditoría independiente que evalúe los daños patrimoniales que hayan podido producirse.

Asimismo, se exige la reparación urgente de los restos históricos afectados y la aplicación estricta de la Ley de Memoria Democrática.  Y, por último, como corresponde a las administraciones implicadas, se demanda la transparencia total en la documentación del proyecto y las responsabilidades por las posibles irregularidades cometidas ante ADIF y el Ministerio de Transportes.

A su juicio, «no es aceptable que, en pleno siglo XXI, se prioricen intereses especulativos sobre el patrimonio colectivo. Exigimos que Adif y la Junta de Comunidades rectifiquen de inmediato y asuman su responsabilidad en este despropósito que atenta contra la historia, la legalidad y la dignidad de la ciudad».