Para la reforma del sistema de financiación autonómica hay convocado un grupo de trabajo para la próxima semana, en concreto para el miércoles 12. Lo avanzó ayer la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, que también comentó que la información que tienen es que «el Ministerio ha hecho una recopilación de todas las propuestas que han hecho las comunidades desde el año 2021 en que se inició ese proceso». 

Precisó que Castilla-La Mancha presentó sus aportaciones en 2022 y que incluían unos parámetros necesarios para que la financiación sea más justa. La región exige que se tenga en cuenta la población mayor de 65 años, pues tiene su repercusión de cara a las prestaciones sanitarias o relacionadas con la dependencia. También reclama que esa distribución de fondos tenga en cuenta la densidad de población, la dispersión geográfica o el coste real de los servicios prestados.

Y además la Junta incluyó un fondo específico de despoblación. Padilla aseguró ayer que la Junta no renuncia a él: «El Gobierno de Castilla-La Mancha defiende ese fondo específico para a la despoblación, los criterios que defendemos son los más beneficiosos para la región y los más justos».