El presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, Fernando Muñoz, compareció este jueves en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes autonómicas para presentar la Memoria anual sobre la actividad de esta institución.
Muñoz informó de que el Consejo ha tramitado 118 expedientes desde su puesta en marcha en noviembre de 2023. En relación al tipo de reclamaciones, el 80% son relativas al derecho a la información pública, es decir, de ciudadanos que consideran que la administración u órgano que está obligado a proporcionarle información o bien no se la ha dado completa o bien no le ha contestado, detalló el presidente.
Después, la labor de la institución se ha centrado en la gestión de los expedientes presentados por reclamación, que experimentaron un "significativo" aumento en cantidad y diversidad tras la implementación de la sede electrónica, alcanzando un total de 118.
Así, entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2023, el órgano registró 28 expedientes, de los cuales 22 fueron reclamaciones: seis de la provincia de Albacete, trece de Guadalajara, ocho de Toledo y ninguna de las provincias de Cuenca y Ciudad Real; dos quejas y cuatro denuncias.
Por otro lado, desde el 1 de enero y el 31 de marzo de este año se han abierto 90 expedientes, de los que 76 son reclamaciones, cinco quejas, siete denuncias y dos consultas. Del total de reclamaciones, nueve provienen de la provincia de Albacete, una de Ciudad Real, ocho de Cuenca, 33 de Guadalajara y 21 de Toledo, así como 18 de otras provicnias de España. Muñoz destacó, en este punto, que durante 2024 se ha observado "una mayor diversidad en la procedencia con la participación, esta vez sí, de las cinco provincias de Castilla-La Mancha".
Muñoz precisó también que antes de la puesta en funcionamiento de la sede electrónica, el Consejo llevó a cabo importantes acciones como la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la búsqueda de una ubicación adecuada, la creación de una imagen corporativa y la puesta en marcha de la página web y la sede electrónica.
PLAN ESTRATÉGICO 2023-2029. Por otra parte, el presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de la región informó del Plan Estratégico 2023-2029, "un documento público que estará a disposición de la ciudadanía en los próximos días".
El plan cuenta con diez objetivos estratégicos y ocho ejes fundamentales que marcan la labor de este órgano, entre los que Muñoz destacó el impulso de la cultura de la transparencia, la mejora en la gestión de las reclamaciones, la evaluación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y la colaboración con todos los sectores implicados.
De igual forma, explicó que los ochos ejes consisten en la activación, la institucionalización, la tramitación eficiente, la evaluación conjunta, el asesoramiento, el impulso, la formación y la cooperación.
En el turno de los grupos parlamentarios, Francisco José Cobo (Vox) recordó que hay un Consejo a nivel estatal y que, por tanto, "existe duplicidad" que podrían provocar "solapamientos e ineficiencias" y consideró que el presupuesto que se destina a este órgano -cuantificado en 1,2 millones de euros en 2024- "podría dedicarse a otros asuntos que preocupan como las listas de espera".
De su lado, el portavoz del grupo parlamentario popular, Santiago Serrano, reprochó que la creación del Consejo regional "llega tarde", ya que la normativa autonómica se aprobó en 2016.
Por último, el socialista Ángel Tomás Godoy consideró que el plan estratégico es "muy ambicioso" y felicitó a la institución por el trabajo desarrollado en sólo cinco meses.