El Gobierno regional ya ha arrancado el proceso para elaborar una nueva Ley de Universidades. Desde el pasado viernes está abierta una consulta previa para que puedan hacer sus aportaciones los ciudadanos, rellenando un formulario a través del portal de participación de la Junta. El plazo terminará el 12 de febrero.

En las consultas públicas que se hacen con carácter previo el Gobierno regional no aporta ningún borrador de la futura ley, sino una información básica de lo que pretende hacer. El presidente de la Junta, Emiliano García-Page ya ha avisado con anterioridad de que busca reforzar las universidades públicas y poner coto al posible aterrizaje de universidades privadas, sobre todo si tienen un enfoque muy de negocio para evitar una competencia desleal al sistema público.

La información que ofrece la Junta en la consulta pública previa no es tan explícita. Entre los objetivos, menciona la importancia de «ampliar y fortalecer la educación superior universitaria en la región», también de «fortalecer la investigación universitaria», que precisamente sería una exigencia que evitaría la proliferación de centros privados, así como la mejora de los «procesos de trasferencia de conocimiento entre universidad, empresas y otros organismos».

Según argumenta la Junta, la aprobación de una ley regional de universidades para Castilla-La Mancha «podría resolver varios problemas clave». Esgrimen que permitiría adaptar la formación o la investigación que se hace en la universidad a «las necesidades regionales» con especial atención a lo que demanda el mercado laboral.

El Gobierno regional también pretende fomentar «la autonomía universitaria». Plantean una gestión más flexible y eficiente en base a la rendición de cuentas y a modelos plurianuales de financiación.