La Audiencia provincial de Cuenca acoge a partir del 7 de mayo un juicio con jurado popular contra un acusado, agente de la Guardia Civil, de un delito continuado de allanamiento de morada a la vivienda que ocupaba el subdelegado del Gobierno y un delito leve continuado de hurto.

El fiscal pide un año de prisión y el pago de 2.045 euros, según las conclusiones provisionales del escrito de acusación, consultado por la Agencia EFE.

El procesado es un guardia civil con destino en la Comandancia de Cuenca, cuyo cometido era la prestación de servicio de seguridad en el edificio de la Subdelegación de Gobierno en Cuenca.

Desde el 10 de julio de 2019, el entonces subdelegado del Gobierno en Cuenca, Juan Rodríguez Cantos, y su pareja ocupaban la vivienda de dicho edificio y las llaves de la misma estaban a disposición de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado que prestaban servicio de vigilancia, si bien el único y exclusivo uso autorizado era para atender posibles emergencias e imprevistos.

El acusado era conocedor de tal extremo pero en el mes de agosto de 2020 usó las llaves y, sin autorización de los moradores, intentó entrar aunque no llegó a hacerlo porque la pareja del subdelegado estaba dentro y preguntó quién era.

Sin embargo, después logró entrar en la casa cuando sus moradores estaban ausentes y registró las pertenencias de la pareja del subdelegado apoderándose de 15 euros, y repitió la misma situación el 15 de octubre, cuando se llevó 20 euros, y el 6 de marzo de 2021, llevándose otros 10 euros y monedas.

Cámaras de seguridad. Tras estos episodios, los moradores advirtieron de que alguien extraño había accedido a la vivienda y manipulado sus pertenencias,  por lo que decidieron instalar cámaras de seguridad en el interior del domicilio. El 14 de marzo de 2021, el acusado volvió a hacer un uso indebido de las llaves que se encontraban en el puesto de guardia y entró de nuevo en la vivienda, registró sus pertenencias y cogió cinco euros.
En esta ocasión, fue captado por las cámaras, denunciado y detenido ese mismo día, con los cinco euros que se había llevado todavía consigo y las llaves.

A consecuencia de estos hechos y de la invasión a su intimidad, la pareja del subdelegado sufrió ansiedad y reclama por los perjuicios ocasionados, mientras que procesado, a través de su esposa, procedió a ingresar los 45 euros que en total se había llevado en la cuenta de designaciones del juzgado, en concepto de responsabilidad civil.