La decisión del presidente Pedro Sánchez de renunciar a los presupuestos de 2024 para que la negociación presupuestaria no coincida con la campaña electoral catalana ha dividido al Gobierno de coalición, en el que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dejado claro que no la comparte.

Díaz ha afirmado en el Congreso que respeta la decisión de Sánchez, pero que no la comparte, porque, en su opinión, "hay que seguir gobernando y la ciudadanía, que está viviendo una crisis de inflación sin precedentes, necesita seguir ganando derechos".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la decisión y ha explicado que, tras la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña, los socialistas vieron "claro que no era el momento adecuado para una negociación con los grupos independentistas catalanes".

Montero ha asegurado que "Sumar sabe que no era posible" sacar adelante los presupuestos de 2024. "Lo que digan ahora no sé a qué responde, pero tendrá su explicación", ha apuntado.

También ha señalado al papel que podría haber jugado Yolanda Díaz como líder de Sumar para haber conseguido que los comunes apoyaran las cuentas catalanas, lo que habría facilitado su aprobación y evitado el adelanto electoral.

"No puedo responder por lo que Sumar o Yolanda Díaz hayan planteado para que los comunes pudieran aprobar las cuentas públicas para Cataluña; a nosotros nos parecía que aprobar esas cuentas era importante", ha recalcado.

Trabajar ya en las cuentas de 2025

Tras recordar que los presupuestos de 2023 están prorrogados y que eso permite al Gobierno seguir adelante sin necesidad de hacer nada adicional, Montero ha confirmado que va a empezar a trabajar ya en el cuadro macroeconómico de las cuentas de 2025.

Según ha dicho, estas recogerán muchos preacuerdos alcanzados con sus socios parlamentarios, con los que llevaba semanas trabajando "intensamente" en los presupuestos de 2024.

Los socios parlamentarios, también divididos

Tampoco los socios parlamentarios del Gobierno han opinado de la misma manera sobre la renuncia a unos nuevos presupuestos, ya que mientras que el PNV ha dicho que la entiende y que "era algo que podía pasar" porque ya es tarde para aprobar las cuentas de 2024, en Bildu eran partidarios de seguir negociando.

Por su parte, fuentes de Junts han indicado que en esta negociación estaban aún muy lejos de llegar un acuerdo con el Gobierno.

Entretanto, el BNG ha advertido de que no permitirá que esa decisión suponga un "incumplimiento de medidas" pactadas en el acuerdo de investidura, al igual que Coalición Canaria, que ha confiado en que se puedan cumplir los acuerdos para desarrollar la agenda canaria.

Las medidas pactadas con los sindicatos

También los sindicatos CCOO y UGT han exigido al Gobierno que, pese a la prórroga presupuestaria, garantice el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, que entre otras medidas recoge los incrementos salariales para este año para los funcionarios.

En un comunicado conjunto, han instado al Ejecutivo a trasladar al próximo real decreto ley, además de los incrementos retributivos, otras medidas como la jubilación parcial de personal funcionario y estatutario, la adaptación del Estatuto Básico del Empleado Público en materia de permisos y vacaciones, la culminación de la clasificación profesional y la puesta en marcha de las 35 horas en la Administración General del Estado.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado, en rueda de prensa, que el país "va a tener que funcionar con un presupuesto que no refleja la situación económica y las necesidades que hay" en él, pero ha reconocido también que, tal y como iba la elaboración de uno nuevo, con el techo de gasto vetado en el Senado, "ya iba a tener unas limitaciones importantes".