El Ministerio del Interior tenía revuelto al sector turístico con el Real Decreto 933/2021 sobre registro documental de reservas de hospedaje y alquiler de vehículos, que suponía una vuelta de tuerca más a la información que los alojamientos turísticos debían remitirle de sus clientes. 

No en vano, este texto, que ha retrasado su entrada en vigor del 1 de octubre al 2 de diciembre ante las reticencias de las empresas turísticas, contemplaba que las agencias de viajes, hoteles, campings, empresas de alquiler de vehículos y plataformas de alojamientos tuvieran que recabar hasta 18 nuevos datos personales de sus clientes para compartirlos con la Secretaría de Estado de Seguridad, más allá de la información que ya vienen remitiendo en la actualidad a la Policía.

Y todo ello, según el ministro Grande Marlasca, en aras de «garantizar la seguridad de los ciudadanos ante las amenazas terroristas y otros delitos cometidos por organizaciones criminales».

Sin embargo, un principio de acuerdo en la reunión del pasado viernes llevaba consigo la marcha atrás del Ministerio del Interior en este propósito y abría una futura vía de colaboración con la patronal del sector (CEOE, empresas hoteleras agencias de viajes, alojamientos turísticos y plataformas digitales) para abordar este nuevo registro de viajeros y adaptarlo a la operativa de los diferentes sectores.

Eso sí, con la entrada en vigor definitiva del nuevo Real Decreto el próximo 2 de diciembre, las empresas turísticas o de alquiler de vehículos deberán transmitir a la aplicación ses.hospedajes aquellos datos de sus clientes que ya recababan de manera habitual, sin ampliar, al menos de momento, los datos a solicitar. 

Sector conquense. El cambio de postura del Ministerio del Interior ha sido recibido con los brazos abiertos por el sector hotelero conquense. Y así lo pone de manifiesto a La Tribuna el presidente de la Agrupación Provincial de Hostelería y Turismo (APHT), José Manuel Abascal, quien afirma, en este sentido, que «en principio, lo vemos con buenos ojos», si bien muestra su cautela, hasta que no haya un compromiso en firme en este sentido. 

Y es que, en palabras de Abascal, la ampliación de la exigencia de los datos personales de los clientes a remitir por los alojamientos a la Secretaría de Seguridad del Estado no convence al sector conquense y lo consideran un auténtico jarro de agua fría, hasta el punto de subrayar que «es una medida que no vemos coherente ni clara ni transparente». 

Y, de hecho, no se queda ahí y llega a afirmar, antes de conocer la anunciada marcha atrás del Ministerio del Interior, que «el pretendido nuevo registro de viajeros no puede ser viable», porque, según remarca, «lleva consigo un montón de medidas aparejadas, que estarían en confrontación con la Ley de Protección de Datos».

En esta línea, Abascal subraya que, «con las exigencias del Real Decreto, casi hay que entregar un expediente completo de cada cliente, con el fin de que los distintos ministerios puedan cruzar datos y sepan desde dónde te gusta viajar y con quién, hasta dónde te gusta comer, cuanto has pagado y con qué lo has hecho».

Para el presidente de la APHT, esta medida sería «un paso atrás» en la agilidad que se está consiguiendo en los establecimientos hoteleros con la incorporación de las nuevas tecnologías, sin dejar a un lado que «casi doblaría el tiempo del check-in y, por lo tanto, el tiempo de gestión hotelera, lo que, sin duda, sería contraproducente para el establecimiento y, sobre todo, afectaría negativamente a la calidad del servicio del alojamiento».

Todo ello, según recalca, en una situación del sector hotelero, en el que «no podemos tener más personal y estamos al límite de impuestos, horas de trabajo, etc.», sin olvidar que, tal y como remarca, «el cliente casi debería acudir al hotel una hora antes para poder atender todas las gestiones exigidas en el registro y entrada al establecimiento».

Entre tanto, Abascal confía en que todo se vaya aclarando y finalmente sector y ministerio avancen en ese propósito de mantener España como destino seguro, pero, eso sí, «protegiendo tanto los intereses del sector como de los clientes», concluye.