Condenado a 13 años por agresiones sexuales continuadas

Miguel A. Ramón
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La Audiencia Provincial considera probado que este hombre de 43 años abusó sexualmente de la hermana menor de su pareja durante cinco años, de 2011 a 2016

Condenado a 13 años por agresiones sexuales continuadas - Foto: Reyes Martínez

La Audiencia Provincial de Cuenca ha condenado a un hombre de 43 años de edad a una pena de 13 años de prisión como autor de un delito de abusos sexuales continuados a la hermana menor de su pareja, desde que tenía 11 años y hasta los 16, tal y como reza la sentencia, que, por cierto, no es firme y contra la que cabía recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Carlos Antonio, de nacionalidad peruana, debe de hacer frente, igualmente, a diez años de libertad vigilada, una vez salga de la cárcel, así como a la prohibición de aproximarse a la víctima, Olga, a menos de 500 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo de 23 años.

El procesado, asimismo, queda inhabilitado para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante 18 años, además de pagar una indemnización a la víctima de 20.000 euros «en concepto de daños morales derivados del delito objeto de condena», así como las costas procesales, incluidas las generadas por la intervención de la acusación particular.

Hechos probados. La sentencia considera hechos probados que el condenado comenzó a acercarse «con ánimo libidinoso» a la joven en 2011, cuando tenía 11 años, «aprovechando los momentos en los que ambos se quedaban solos en casa».

Agresiones sexuales que comenzaron con tocamientos en pecho y genitales durante un tiempo, hasta el punto de grabarlos en vídeo y amenazarla con publicarlo en internet, y que, a partir de 2014, desembocaron en el mantenimiento de «relaciones sexuales completas» y «ser penetrada vaginalmente».

Una situación que se mantendría hasta mediados de 2016, cuando en julio la madre de la menor denunciara los hechos, que desembocaron en este proceso judicial.

Al final, una pena de 13 años de prisión, aunque tanto el ministerio fiscal como la acusación particular solicitaban 35 años y 10 meses, mientras la defensa pedía la libre absolución.