Las bajas temporales de trabajadores costaron el año pasado en la provincia de Cuenca la cifra de 39,2 millones de euros y en toda España supuso una factura de 10.280 millones de euros. Además del coste económico, el absentismo laboral ofrece otro dato relevante: en Cuenca se dejaron de trabajar 1.105.227 jornadas laborales por incapacidades temporales generadas por una enfermedad común o profesional y que corresponde a los días indemnizados a lo largo de los doce meses.
Así, lo revelan los datos de la Seguridad Social correspondientes a 2023, relativos al informe de agregado de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, relativos al cierre del año. Según la Seguridad Social, el coste medio por día indemnizado en el periodo asciende a 35,56 euros y el coste medio mensual por trabajador es de 41,86 euros.
Y es que la provincia de Cuenca cerró el ejercicio 2023 no sólo con más bajas laborales por incapacidad temporal entre los trabajadores, sino que, además, tuvieron más duración media que en el ejercicio anterior.En concreto, a finales de 2023 había 4.284 trabajadores con expediente de baja laboral en vigor, 383 más que al cierre de 2022, cuando se quedaron en los 3.901.
Además, la duración media alcanzó los 57,73 días, con una incidencia de media mensual de 23,15 por cada mil trabajadores protegidos. El año anterior la duración media era de 38,82 días.
Son cifras superiores a las del año 2022 y que confirman la tendencia al alza del absentismo laboral debido a incapacidades temporales generadas por una enfermedad común o profesional. Así, en 2022 el coste económico fue de 38.188.488 euros y que se tradujo en 1.093.878 días indemnizados.
Este año, según los datos más recientes, hay 11.018 procesos iniciados, que suponen 684.138 días sin trabajar y con un coste para el sistema público que supera los 25 millones de euros.
Son las cifras en territorio conquense del problema del absentismo. Si se amplía la mira para comprender la magnitud del asunto, se traduce en que en el año 2023 se registraron en España más de 400 procesos de incapacidad temporal por cada mil trabajadores, la máxima incidencia notificada en los últimos diez años.
Además del coste para las arcas públicas, las bajas por incapacidad temporal también repercuten en las empresas, más allá de su propia organización. Precisamente, es una de las razones por las que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se reunió ayer con los agentes sociales para constituir la mesa técnica con la que se iniciarán los trabajos para reformar la incapacidad temporal. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, avanzó la intención de crear una nueva baja laboral flexible que permita trabajar de forma parcial o reincorporarse al puesto de forma voluntaria, siempre bajo la supervisión médica.