El Tribunal Supremo, donde están los mejores magistrados de este país es, según el pensamiento del presidente del Gobierno, de casi todos sus ministros -algunos de los cuales han formado parte de él no hace tanto tiempo- y, por supuesto de todos sus socios de Gobierno, la mitad de la "fachosfera". La otra mitad, ya lo saben, son los medios de comunicación que no son adictos o incondicionales de Pedro Sánchez.

Pues bien, ese Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso Administrativo, acaba de salvar al Gobierno de un marrón importante al validar que la actual presidenta de RTVE, una fiel colaboradora del PSOE, pueda ejercer en plenitud todas las funciones del cargo, incluido firmar contratos -entre ellos el de David Broncano, 28 millones de euros por dos años, al que se resistió la anterior directora general-, nombrar directivos o responsables de programas, pese a ser una interina que no ha sido elegida por los cauces reglamentados, que es una mayoría de dos tercios del Congreso -para lo que el PSOE necesita al PP- o una mayoría absoluta en segunda votación. Realmente, el pleito no iba contra ella sino contra su antecesora, también puesta por el Gobierno tras cargarse, por falta de sintonía, al anterior director general, José Manuel Gómez Tornero, elegido por acuerdo entre PP y PSOE. El Supremo entiende que la "fórmula extraordinaria buscada por el Gobierno no deslegitima el mandato de elección parlamentaria porque los miembros del Consejo de RTVE mantienen su legitimidad de origen y que el Congreso de los Diputados tiene no sólo la posibilidad sino la obligación de designar cuanto antes a un presidente ordinario que sustituya al interino/a.

Trasladen esto al Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación está bloqueada desde hace cinco años por el enfrentamiento entre PP y PSOE. Ese Consejo ha sido condenado por el Gobierno a la inutilidad impidiéndole hacer nombramientos, pese a que sus miembros, que deberían haber cesado hace cinco años, mantienen la legitimidad de origen y, sin embargo, al contrario que RTVE, no pueden hacer nombramientos y han sumido al propio Tribunal Supremo en una precariedad absoluta, ya que se ha producido la vacante de un tercio de sus miembros que no se puede cubrir. También señala a los presidentes del Congreso y del Senado que, al igual que en RTVE, "tienen no sólo la posibilidad sino la obligación" de convocar las elecciones a vocales del CGPJ, pero que no lo hacen porque dependen directamente de lo que diga el Gobierno en el Congreso o el PP en el Senado. ¿Es más importante el funcionamiento de RTVE, en manos de una directora general cercana al PSOE -que en el concurso para acceder a la presidencia de esa institución quedó en los puestos de cola con una valoración sonrojante-, que los del Tribunal Supremo, las Audiencias Provinciales, los TSJ? Si el Supremo es cuna de la "fachosfera", ¿cómo puede hacerle este favor al Gobierno? La reforma, dice la sentencia, "salva un vacío normativo" para garantizar el ejercicio de las funciones de la presidencia, sus funciones de administración, dirección ejecutiva ordinaria y representación legal. Y, mientras tanto, seguimos dando un espectáculo lamentable con un Poder Judicial cercenado y bajo sospecha, un Tribunal Supremo señalado e impedido en su funcionamiento y una separación de poderes que no es tal. Lo dicho: es más importante que RTVE cumpla su trabajo -si es a favor del poder, mejor que mejor- que respetar y defender la independencia judicial.