Las protestas de agricultores se han sucedido toda la semana y han causado cortes en varias decenas de carreteras del país, unas movilizaciones que ya cumplen diez días y que no tienen previsión de acabar. Sólo las organizaciones agrarias mayoritarias -ASAJA, COAG y UPA-, la Unió de Pagesos y Unión de Uniones han convocado más de 40 actos reivindicativos hasta final de mes, unas movilizaciones a las que se sumarán las que sigan manteniendo los productores convocados a través de redes sociales y por la plataforma 6F. El campo español mantiene así una segunda semana de movilizaciones para pedir, entre otras cuestiones, menos burocracia en la Política Agraria Común (PAC), requisitos recíprocos en las importaciones alimentarias (cláusulas espejo) y apoyo para crisis como la de la sequía.
Mientras que ASAJA, COAG y UPA mantiene un calendario conjunto que finaliza el 24 de febrero y convocan movilizaciones en la mayoría de las ciudades de España, con este miércoles como punto álgido de todo el mes, Unión de Uniones sigue su propio programa, que tendrá su momento culminante en la tractorada prevista para el 21 de este mes frente a la sede del Ministerio de Agricultura en Madrid.
Precisamente este jueves, el ministro Luis Planas recibía a las organizaciones agrarias mayoritarias, encuentro que no había celebrado al cierre de estas páginas. El lunes, además, Planas aseguró que llevará la propuesta para simplificar la PAC al próximo Consejo de Agricultura de la Unión Europea, que se celebrará el 26 de febrero; detalló que también tratarán en el próximo Consejo la Ley de la Cadena Alimentaria y otras cuestiones como los seguros agrarios. El sector ha lamentado que, a pesar de haber estado España seis meses en la Presidencia de la Unión Europea, el ministro haya tenido que esperar a que los tractores salgan a las carreteras para plantear estas cuestiones.
La Comisión Europea ha anunciado, por su parte, cambios en su propuesta para derogar durante todo 2024 la norma que obliga a los agricultores a mantener parte de sus tierras cultivables en barbecho, tras las negociaciones mantenidas con los Estados miembros. El portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill ha asegurado que esto se ha hecho para dar más flexibilidad a los agricultores y ha añadido que habrá «más noticias» sobre la derogación del barbecho «muy pronto».
«Soluciones».
El campo no quiere leyes blancas, quiere medidas, soluciones y que la clase política actúe de una vez por todas» para revertir la situación de un sector, el primario, que «está arruinado» debido a las políticas nacional y europea, ha afirmado, por su parte, uno de los vicepresidentes de ASAJA, el riojano Eduardo Pérez Hoces.
Pérez Hoces ha querido dejar claro que las reivindicaciones que los agricultores y ganaderos plantean y visibilizan en las movilizaciones de estos días, convocadas a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, son las mismas que las de las organizaciones profesionales agrarias (OPA) desde «hace muchos años». «Es un copia y pega, no hay ninguna nueva», ha afirmado el también presidente de ASAJA en La Rioja (ARAG). Además ha añadido que «los mensajes (del ámbito político hacia el campo) son leyes blancas, leyes que no son para revertir la situación» actual.
Ha recalcado que lo que ve el campo español son «fotos, momentos del político para sacarse la foto y lo que queremos son medidas», como «revertir la Política Agraria Común , que va en contra totalmente del sector y que nos está arruinando, como se está viendo». Por lo tanto, «no tanta foto, ni tanta ley que, al final, se queda en nada», sino «acciones reales para revertir la situación de la agricultura y ganadería», que es lo que, además de en España, se ha visibilizado en otras protestas en Europa, ha subrayado.
«Esperemos -ha incidido- que, de una vez por todas, la clase política escuche a este sector tan importante, que es el agrario y ganadero, que da vida a nuestros pueblos y calidad a los productos» y que requiere de «dignidad y respeto».
Sobre las formas en las que se han producido estas movilizaciones, el dirigente de ASAJA ha reconocido que «cuando la gente está desesperada, hace acciones desesperadas», como la organización de esta protesta a través de las redes sociales y grupos de WhatsApp. Ha asegurado que, como agricultor que quiere vivir de su actividad agraria, también está con el sentir y reivindicaciones de estas movilizaciones, a las que ha expresado su mayor apoyo.
Las organizaciones agrarias, ha reconocido, están haciendo autocrítica y, «quizá, igual teníamos que haber reaccionado antes (de estas movilizaciones), pero estamos día a día trabajando con el sector». Los participantes en estas protestas «saben que, al final, los interlocutores con las Administraciones son las OPAS», por lo que espera que la situación se reconduzca y se pueda llevar «esto a buen cauce» por el bien de este sector.
Francia prohibirá los alimentos tratados con tiacloprid, tal y como prometió.
Francia ha pedido a la Comisión Europea que prohíba la venta de alimentos tratados con tiacloprid, un pesticida neonicotinoide cuyo uso está prohibido en la UE. Si no lo consigue los prohibirá en su territorio, en cumplimiento de una de las promesas a los agricultores durante sus protestas. El Ministerio francés de Agricultura ha justificado esta solicitud que hizo el jueves a Bruselas porque el consumidor europeo sigue expuesto a esa sustancia que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) considera no sólo cancerígena y tóxica para la reproducción, sino que está catalogada entre los perturbadores endocrinianos.
La utilización del tiacloprid quedó proscrita en Francia en septiembre de 2018 y en toda la UE en febrero de 2021 por el daño que causa a las abejas, pero se sigue utilizando en otras partes del mundo para proteger los cultivos de ciertos insectos. Francia ya reclamaba desde hacía años garantizar que los alimentos importados no contienen residuos de esas sustancias en una cantidad apreciable. Pero ahora ha dado un paso más en respuesta a las reivindicaciones de los agricultores que se quejan de estar sometidos a una competencia desleal por los tratamientos que se siguen utilizando fuera de la UE. Si Bruselas no responde afirmativamente, el Gobierno francés recurrirá a una cláusula de salvaguarda para impedir la entrada en su mercado de frutas y hortalizas que hayan recibido el tiacloprid.
En España, Planas ha expuesto la postura del Ministerio en cuanto a las cláusulas espejo: «Si un producto fitosanitario está prohibido en la Unión Europea, hay que prohibirlo tajantemente en las importaciones». Sin embargo, no hay indicios de que el Gobierno español vaya a adoptar ninguna decisión similar a la tomada en Francia.