Quienes éramos jóvenes en tiempos de la dictadura franquista alimentamos una serie de principios que entonces nos parecían no solo asequibles, sino incluso muy sensatos y de recomendable aplicación. Los hombres, por ejemplo, pensábamos que era muy conveniente eliminar el servicio militar obligatorio y de aquello hicimos cuestión esencial, incluyéndonos quienes ya habíamos pasado por la experiencia. Luego, en el terreno donde anidan las utopías, se nos ocurrió que el disfrute total de la democracia como supremo bien era suficiente para garantizar la convivencia en orden y paz, sin necesidad de que hubiera un rígido sistema policial vigilando a la ciudadanía para evitar desmanes. Esta última idea aún la hemos podido oír en fechas no muy lejanas, traídas al pelo por algunas de esas formaciones políticas que en su afán de cambiarlo todo ya no saben qué inventar o proponer. En el pecado suelen llevar la dura penitencia con que son castigados en las urnas.

Pasados los años y con la llegada de eso que llaman la experiencia, las viejas ideas juveniles se desmontan, precisamente por ser viejas, esto es, inservibles y en su lugar siguen teniendo vigencia algunas otras que nunca pierden lozanía y es ahí como uno se da cuenta de que para el correcto funcionamiento de la convivencia social en libertad es preciso que exista un sistema de orden que lo garantice y además hace falta que actúe con rigor, orden, severidad, competencia y medios adecuados, todo ello sin alterar ni un ápice el respeto a la dignidad que es cuestión propia de todos los seres humanos. Quienes tienen la responsabilidad de gobernar y dirigir la cosa pública deberían entretener algún rato de tiempo para meditar en cómo se están haciendo algunas cosas por si acaso es conveniente cambiarlas. Y eso me lleva al meollo de este comentario y que tiene que ver con lo sucedido hace unos días con el bárbaro asesinato de dos guardias civiles en aguas mediterráneas, al recibir el brutal ataque de una lancha de facinerosos dedicados al tráfico de droga. Asunto que, como es sabido, ha puesto en cuestión la calidad y cantidad de los medios disponibles para combatir de forma adecuada y eficaz la cada vez más atrevida acometida de los delincuentes.

Como decía al comienzo, hay cosas que han cambiado mucho, también en la forma en que ahora se realizan y eso incluye la presencia de la Guardia Civil en una provincia eminentemente rural como es Cuenca. Alguna vez he comentado en público una anécdota que corresponde al tramo final de mi etapa como periodista en activo. Fuimos convocados para acudir a un pueblo donde se iba a inaugurar un nuevo cuartel de la Benemérita, ceremonia que se hizo con toda la parafernalia propia de estos casos, con despliegue de autoridades de todos los niveles y contento general de las gentes del lugar (y también de los inmediatos), encantados de contar con una dotación permanente de agentes y vehículos capaces de garantizar la tranquilidad de la zona. Unas semanas después volví a pasar por ese pueblo y como el cuartel estaba al borde de la carretera me costó muy poco trabajo echar un vistazo al edificio para descubrir que estaba cerrado. Quien quiera que fuese había decidido eliminar ese puesto de la Guardia Civil, como un paso dentro de la disparatada idea de suprimir la presencia del cuerpo en pueblos donde había estado radicado desde su fundación en el siglo XIX.

El fenómeno se ha repetido en otros muchos lugares durante los últimos años. La imagen histórica, que ya solo recuerdan los más viejos de cada pueblo, de la estrecha vinculación entre la dotación de agentes que tenía su residencia, incluso familiar (no olvidemos el concepto de casa-cuartel) y los vecinos del municipio forma parte de la conciencia colectiva pero se ha perdido casi por completo en el presente, porque aquella antigua estructura ha sido prácticamente desmantelada. La explicación, cuando uno pregunta, se pierde en las nebulosas de la operatividad, la eficacia, la adecuada distribución de los medios disponibles, bla, bla. Ahora nos dicen que ya no hace falta una dotación de agentes, con un cabo o un sargento al mando, para garantizar la seguridad de los pueblos. Una llamada telefónica al cuartel más próximo, y en media hora, o en una, o al día siguiente, llega la asistencia requerida y se pone en marcha la investigación, con medios sofisticados, drones incluidos y despliegue total de conocimientos científicos para desentrañar las claves de lo que pudiera haber ocurrido.

Es rigurosamente cierto y hay suficientes ejemplos de ello, alguno muy reciente, de que esos procedimientos han dado resultados muy satisfactorios en cuestiones como la delincuencia común, el ilícito comercio de estupefacientes, delitos contra el patrimonio, atentados al medio natural y otros muchos aspectos que están en la mente de todos. De eso no hay ninguna duda. Yo me refiero, aquí y ahora, a ese otro aspecto de la cuestión que tiene que ver con la presencia física de los agentes, con la vinculación personal que existía entre el puesto de la Guardia Civil y los vecinos del lugar, con la existencia de un cuartel que formaba parte de la estructura urbana, como el Ayuntamiento, la iglesia, el bar o la escuela. Quienes se lamentan mientras vierten lágrimas de cocodrilo sobre las penas de la España vacía y despoblada, deberían comenzar a actuar de otra manera y en consecuencia corregir algunos comportamientos impuestos por la esclavitud de unos principios económicos que nos llevan a todos al desastre.

El resultado de esa política se encuentra a la vista, en los abandonados cuarteles que muestran a la vista la penuria de una edificación que se arruina pausadamente, como esta que he elegido para ilustrar el comentario. Es una casa-cuartel situada en un pueblo de la Serranía de Cuenca. Según el anuncio de venta, está formada por ocho viviendas familiares, siete trasteros y una antigua cuadra; la parte inferior está parcialmente reformada y hay mucho espacio abierto al exterior. Está situada frente al río, el Guadazaón, por más señas. El anunciante asegura que es una oportunidad ideal para invertir y reformarla para hacer alojamientos rurales. Con 195.000 euros se consigue esta ganga. Aunque para mí pienso que si en algún departamento del gobierno quedara un poco de sentido común, lo más inteligente sería volver a habilitarla como casa-cuartel de la Guardia Civil.