David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha presentado su dimisión como jefe de Artes Escénicas de la Diputación Provincial de Badajoz, como consecuencia de la investigación a la que está siendo sometido por presuntas irregularidades en la creación del cargo que ha ocupado. Los grupos ultraderechistas que presentaron la denuncia pueden estar satisfechos, han conseguido su objetivo y ya tienen su primera víctima en la campaña por vía judicial que han emprendido contra Pedro Sánchez en la categoría de 'entorno familiar'.
Que la denuncia se presentara con recortes de prensa que han resultado falsos como se ha demostrado en la instrucción del caso -ni había absentismo, ni cambio de domicilio a Portugal para pagar menos a Hacienda, ni una fortuna fabulosa- es lo de menos porque la investigación judicial ha ido variando el tiro a medida que se disolvían las acusaciones primigenias. Una vez que ha caído una de las piezas que se buscaba con los casos judiciales abiertos, el asunto se desinflará como por arte de magia y la oposición tendrá que borrarlo de su lista en la que aún permanecen la investigación sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el 'caso Begoña Gómez', y el que presuntamente es un caso de corrupción de libro, el 'caso Koldo'.
Si dimitiera Álvaro García Ortiz, como le exigen un tercio de los fiscales de Sala -se admiten apuestas acerca de que uno de ellos será el fiscal general del Estado en un gobierno del PP-, la oposición se quedaría sin el segundo caso judicial en el que basa su labor de oposición, que quedaría demediada. Esta situación no se va a producir porque el fiscal general espera que la sala de apelaciones del Tribunal Supremo declare nula la instrucción del delito de revelación de secretos, tras el desproporcionado registro de su despacho, y porque el fiscal general se queja de que el juez instructor, Ángel Hurtado no ha aceptado la realización de pruebas que considera esenciales para su defensa. Como afirma el constitucionalista Javier Pérez Royo, "aquí no se puede decir que el juez Hurtado está prevaricando, porque, como todo el mundo sabe, un magistrado del Tribunal Supremo español no comete jamás ese delito. Pero que la persecución judicial de la que está siendo objeto el fiscal general no tiene precedente, no se le oculta a nadie".
Aquí se puede enlazar con el tercer caso que "cerca al Gobierno, el PSOE y su entorno familiar", el 'caso de Begoña Gómez', y que podría servir de referencia a los jueces del Supremo, porque la Audiencia Provincial de Madrid ha anulado dos decisiones del juez Juan Carlos Peinado que instruye el asunto, la entrada y registro en el despacho del empresario Juan Carlos Barrabés, por falta de motivación y desproporción -lo mismo que solicita la defensa de Álvaro Ortiz- y la anulación del volcado de sus dispositivos móviles, lo que también pide el fiscal general del Estado. En este caso también se ha ido variando el sentido de la instrucción según se diluían otras líneas de investigación. Volviendo a Pérez Royo, la actuación de algunos jueces y fiscales responderían a su confluencia con los partidos de la oposición que buscan el desgaste de Pedro Sánchez, "una operación que parece de lawfare, aunque todo el mundo sabe que el lawfare no existe en España".
Si estos tres asuntos se reconducen quedaría el 'caso Koldo' que se instruye por las vías habituales cuando existe un 'garganta profunda'.