La vida política nacional se desarrolla en dos terrenos de juego, uno está completamente embarrado, que es el de las relaciones entre el Gobierno y el PP por la tramitación de la ley de amnistía y por las acusaciones cruzadas de corrupción con el "caso Koldo" y el "caso Amador" y con el intento de involucrar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez en un tentáculo de la trama de la compra de mascarillas, comisiones y demás chanchullos protagonizados por quien fuera asesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Los dos "casos" están judicializados. Nada más.

En el otro juegan los partidos independentistas vascos y catalanes, que por distintos motivos son los que se han preocupado de criticar al Ejecutivo por haber renunciado a presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2024, porque hacerlo supondría soportar las apuestas al alza de estos partidos inmersos en las elecciones de sus respectivas comunidades autónomas.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo también hizo alusión a esa circunstancia en su pregunta a Sánchez en la sesión de control al Gobierno, pero de refilón y de manera retórica, porque los que verdaderamente le interesaba era amenazar a Sánchez con que su partido está dispuesto a emprender "una investigación parlamentaria o judicial sobre asuntos que afectan a su entorno más inmediato". O sea, a su esposa. Pero entre la comparecencia en una comisión de investigación parlamentaria y la presentación de una querella en un juzgado hay una distancia sideral. Para lo primero solo hace falta preparación retórica, un buen conjunto de recortes de periódicos, algo de sospechas e insidias y la consiguiente pena de telediario. Hace falta recordar mucho para encontrar una comisión de investigación que haya supuesto un vuelco en la política nacional. Para una querella, sin embargo, es preciso presentar pruebas con una cierta base de lo que se acusa a una persona. La hoja de ruta que va a seguir la presión sobre Begoña Gómez está escrita en la estrategia del PP.

La preocupación de la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, por la ausencia de PGE para 2024 estaba relacionada con las elecciones catalanas y las prioridades para Cataluña que a su juicio Pedro Sánchez intenta ocultar, lo que atribuye a que no tiene un proyecto político para Cataluña y para no perjudicar a su candidato en lo que considera que "es una decisión de campaña electoral, no una decisión de país". Un desasosiego que mueve a la ternura cuando el secretario general de Junts, Jordi Turull, afirmaba recientemente que "no estamos aquí para salvar a España de nada. España que se salve sola, si quiere".

Un desvelo atemperado por la falta de cuantas públicas –"tampoco es un drama político"- manifestó la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa quien hubiera preferido que continuar la negociación presupuestaria, para que las medidas sociales que contenían los PGE llegaran cuanto antes a la sociedad vasca, y por extensión a toda la ciudadanía, aunque intentarán aprobarlas por otras vías.  

En todo caso, poca exigencia ante la decisión del Gobierno no presentar los PGE, una exigencia constitucional que ha sido tomada a beneficio de inventario por todos los gobiernos.