Pese a no estar imputado en el caso Koldo, José Luis Ábalos continúa en el foco de la polémica, arrastrando además ahora a otros ya excompañeros socialistas como Francina Armengol. Las nuevas revelaciones apuntan de manera más directa tanto al exministro de Transportes, al que ayer el juez de la Audiencia Nacional que investiga las presuntas comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de mascarillas situó como «intermediario», como a la actual presidenta del Congreso, que durante la pandemia lideraba el Ejecutivo balear y que, según han revelado algunos medios, avaló la compra del material sanitario aún sabiendo que podía ser falso.
A ella se refirió el propio Ábalos, aseverando que ve diferencias entre los contratos de mascarillas firmados desde su departamento y los del Gobierno de Armengol, que ascendieron a casi cuatro millones de euros. Desde su punto de vista, lo que ocurrió en esta comunidad fue «estafa» por parte de la empresa y conllevó un «quebranto de las arcas públicas».
Para el exsecretario de Organización del PSOE, si se han entregado unas mascarillas «falsas», entonces «ahí sí que hay un quebranto para las arcas públicas y habría que haberlas sustituido».
Aunque no de manera expresa, la presidenta del Congreso también está señalada en las pesquisas policiales. La reclamación que efectuó el Govern de Baleares, ya con la popular Marga Prohens al frente, por un lote de mascarillas defectuosas compradas por su predecesora generó muchos quebraderos de cabeza a la trama, hasta el punto de que uno de los empresarios llegó a afirmar que «el problema es la señora, que está en el punto de mira ahora, y como en su día era presidenta de aquí», previsiblemente en alusión a Armengol.
Lo dijo Juan Carlos Cueto en una conversación mantenida el 30 de noviembre de 2023 con otro de los imputados. «Se la tienen que cargar a ella, el otro ya está amortizado», añadió su interlocutor.
Horas antes de conocerse estas nuevas revelaciones, el juez de la Audiencia Nacional que investiga presuntas comisiones irregulares situó al exministro de Fomento como «intermediario» en la trama. «La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante permiten concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo», apunta el instructor Ismael Moreno en un auto del pasado 7 de febrero, en el que autorizaba una serie de intervenciones telefónicas a los investigados.
En la actualidad, ni Ábalos ni Pombo figuran como investigados en el procedimiento que se sigue contra siete personas, una de ellas Koldo García, por supuestos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.
Al señalar al exministro, el instructor pone el acento en un encuentro que tuvo lugar el pasado 10 de enero en un restaurante de Madrid. «Koldo se reúne entre otras personas con José Luis Ábalos en una zona reservada de la marisquería La Chalana entre las 21,15 y las 22,20 horas como queda reflejado en el oficio policial», precisa.
Para el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, esta cita «tiene un especial interés para los hechos investigados» habida cuenta de la conversación telefónica mantenida el día anterior entre el empresario Juan Carlos Cueto, presunto cerebro de la trama, y Koldo. En dicha llamada, «Cueto le pedía que antes de que se fuese de viaje a Perú el día 11 de enero, le dijese algo a un tercero».
«De hecho, Koldo le informaba a Cueto que una de las cosas a tratar con una de las personas que se reunirá al día siguiente -Ábalos- era esa, entendiéndose que se refería a las gestiones realizadas con la Administración balear para solucionar la reclamación de 2,6 millones de euros realizada a Soluciones de Gestión», añade el juez.
Tramitación de emergencia
Mientras, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asegura que «las directrices dadas desde el Ministerio de Fomento» constituyeron «un eslabón fundamental en la cadena que finaliza con la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión», la empresa del caso Koldo que resultó beneficiada por la venta de mascarillas.
Así se desprende de un informe que los investigadores elaboraron en septiembre de 2022 a raíz del análisis de la documentación que le entregó la Fiscalía Anticorrupción sobre la citada sociedad. La UCO llegó a esta conclusión después de haber analizado una serie de contratos que fueron «tramitados por el procedimiento de negociado sin publicidad con tramitación de emergencia».