El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha cursado una comisión rogatoria a Suiza para que su Policía aporte los datos que permitan la localización de la secretaria general de ERC, Marta Rovira Vergés, investigada en el caso Tsunami.
El magistrado solicita a Suiza esta información en la misma comisión rogatoria en la que también reclama datos de una cuenta desde la que se habría financiado a la plataforma a la que se responsabiliza de las protestas tras la sentencia del 'procés', como la que bloqueó el aeropuerto del Prat (Barcelona) el 14 de octubre de 2019.
En el auto, de 32 páginas, el magistrado recuerda que Marta Rovira se encuentra huida de la justicia española desde marzo de 2018 y que actualmente reside en Suiza.
Se sospecha que pudo estar en la reunión de Ginebra en la que se planificó y organizó la acción de Tsunami en agosto de 2019, y en la que está "acreditado indiciariamente" que también acudió Puigdemont, al que el juez le otorga un "rol de liderazgo" en esta iniciativa.
Dado que el expresidente catalán es aforado por su condición de eurodiputado, el magistrado acordó ayer remitir las actuaciones al Supremo para que decida si asume la causa que se dirige contra Puigdemont, Rovira y otros díez más por las acciones de Tsunami que, según García Castellón, "encajarían en actos de terrorismo en el sentido que prevé el Derecho de la Unión Europea".
En su petición de auxilio judicial a Suiza, el juez señala que existen indicios de que en dicha reunión en Ginebra, a la que también asistió el líder de Bildu Arnaldo Otegi, "se pudo planificar las acciones más relevantes de TD, y en concreto la acción" del aeropuerto.
Sobre Marta Rovira, el juez relata que era con "alta probabilidad" la usuaria de la App THREEMA con el pseudónimo "Matagalls".
Explica que cuando se produjo la presentación oficial de la plataforma, el 2 de septiembre de 2019 a las 09:12 horas, a través de la red Twitter, en poco tiempo recibió el apoyo directo de diversos líderes de referencia del movimiento independentista, entre ellos Puigdemont y el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras.
"Sin embargo, la persona que más rápido retuiteó el primer mensaje de Tsunami, fue Marta Rovira Vergés. Tan sólo tardó tres minutos en leer el tuit, retuitearlo, pensar un comentario y transcribirlo (40 palabras, repartidas en 225 caracteres con espacios)", subraya el auto.
Por ello, "se sospecha" que pudo estar en la reunión de Ginebra en la que se planificó y organizó la acción de Tsunami, añade el juez.
Destaca también un conversación del 3 de octubre con otro de los investigados, Xabier Vendrell, en la que Rovira le dice: "Se está reclutando gente para hacer vuestra acción que lo está charlando en la dirección", y le señala que no está siendo fácil porque el ánimo de la "tropa" está bajo, además de lamentar que no exista "una sensación de mando único".
El juez también resalta que el día del bloqueo del aeropuerto, Rovira le dijo a Vendrell que felicitase "a todo el mundo".
En el auto figura que otro de los investigados puso precisamente ese día un mensaje que decía: "Haced llegar este mensaje a toda vuestra gente por favor: Ahora que ya se ha tenido tiempo de valorar nuestra acción reposadamente, os he de decir que me están pidiendo que os felicite….aunque hayan negado vuestra presencia, la afectación que hemos provocado ha sido muy grande".
"Les hemos tocado el orgullo!... os pido una última cosa que debéis cumplir al pie de la letra: borrad todos los chats, fotos, capturas de pantalla (donde salgan nombres de compañeros) y los contactos específicos que hayáis hecho para esta acción. Nunca hemos estado allí y olvidad que nos conocemos.", concluía este mensaje.
Para el bloqueo de El Prat, explica el juez que se cometieron todo tipo de "ilíctos", entre ellos la falsificación de tarjetas de embarque que fueron repartidas en los perfiles oficiales de las distintas redes sociales de Tusnami para sortear los controles de seguridad del aeropuerto.
Además, en la protesta,"los agentes recibieron lanzamientos desde las alturas de todo tipo de objetos, como carros de maletas o extintores vacíos" y dos de ellos resultaron heridos.
Uno de los agentes señaló incluso en un informe que uno de los manifestantes "hacia uso de una suerte de arma" que lanzaba piezas metálicas con una especie de instrumento tipo "tirachinas".
Con ello, el magistrado describe el riesgo para la seguridad aérea y ciudadana que supuso el bloqueo de El Prat, acción a la que achaca también la muerte de un ciudadano francés que sufrió un infarto, y calcula por el momento el perjuicio económico de la protesta, que califica de violenta, en 2.195.595 de euros.
Por todo ello, dice el auto, se investiga a una decena de personas, entre ellas a Rovira, "por la comisión de un delito de participación en la actividad de una organización o grupo terrorista".