Cinco años han transcurrido de la pandemia y todo apunta a que la crisis económica continúa estando ahí, muy presente, al menos, a tenor de los números que arrojan los órganos judiciales de la provincia de Cuenca al término de 2024.

No en vano, la práctica totalidad de los procedimientos y ejecuciones judiciales más directamente afectados por las fluctuaciones de la actividad económica y por las crisis han registrado un repunte considerable.

Desde los concursos de acreedores y los desahucios hasta las demandas por reclamación de cantidades y los embargos, pasando por los verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda se han incrementado en el último año, con la única excepción de las demandas por despido, que se han reducido ligeramente, según recoge el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales.

- Foto: Elaboración propia.

Subidas generalizadas. Los concursos de acreedores ingresados en sede judicial han sido uno de los procedimientos que más ha crecido a lo largo del pasado ejercicio, hasta el punto de alcanzar la cifra más elevada de los últimos diez años.

En concreto, los órganos judiciales conquenses han contabilizado al término de 2024 un total de 138 concursos, un 50% más que un año antes (92) y seis veces por encima tanto de las cifras de prepandemia (20 en 2019) como hace una década (24 en 2015).

No se han quedado atrás los desahucios, puesto que también han experimentado un notable empuje durante el pasado año, que se ha saldado con un total de 44, un 37,5% más que al término de 2023, cuando se quedaron en los 32, aunque iguala los ingresados dos años antes, en 2022.

Sin embargo, pese a esta tendencia alcista, esos 44 lanzamientos suponen la tercera cifra más baja de la década, que marcó su máximo en los 73 contabilizados en 2018.

La gran mayoría de los desahucios del pasado año, 36, han respondido al impago del alquiler, lo que supone el 81,8% del total, mientras que seis se han derivado de ejecuciones hipotecarias y los dos restantes a otros motivos.

No cambian las cosas si se habla de ejecuciones hipotecarias, ya que los órganos judiciales han recibido en el citado periodo 75, un 23% más que en 2023 y un 56% por encima de los 48 de 2019, si bien aún quedan muy por debajo de la cifra récord de la década registrada en 2015, en la recta final de la crisis del ladrillo, cuando se llegó a los 176 embargos.

Idéntica tendencia han experimentado los verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda o lo que es lo mismo los procedimientos judiciales para que los propietarios recobren su inmueble, puesto que alcanzaron la cifra récord de 22, que quintuplica las cuatro contabilizadas en 2023 y septuplica las tres de prepandemia.

Los monitorios ingresados durante 2024, por su parte, no han dejado la estela y también han cerrado el año con el récord de la década, al llegar a los 3.516 y superar en un 4,1% los 3.379 de 2023, en un 67,8 los 2.095 de prepandemia y en casi un 23% los 2.864 de 2015.

Las demandas por reclamación de cantidad tampoco han sido una excepción y han acumulado a lo largo del pasado año 422, lo que supone un incremento interanual del 4,7%, pero una caída del 40,8% si se compara con las 713 de hace diez años.

Las demandas por despido se han convertido en la rara avis de este periodo, al haber registrado un descenso del 4%, con 404, frente a las 421 del año anterior; eso sí, supera en un 31,2% las 308 de hace una década.