El paulatino incremento de la siniestralidad laboral en la provincia de Cuenca en los últimos años, que desde 2021 ha ido creciendo a un ritmo medio del 5% anual, parece haber tenido la correspondiente respuesta en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social con un mayor esfuerzo en vigilar y exigir a las empresas enclavadas en el territorio el cumplimiento de la normativa vigente, tanto en materia de seguridad y salud laboral como en relaciones laborales, Seguridad Social o empleo y extranjeros.

Muestra de ello, la Unidad Provincial ha despedido el pasado ejercicio 2023 con la apertura de un total de 3.192 expedientes de inspección, 832 más que hace un año, cuando se alcanzaron los 2.360, lo que equivale a un incremento del 35,3%, según los datos facilitados por la propia Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cuenca.

Esfuerzo que no se reduce a la última anualidad, sino que va más allá, puesto que si se compara con la prepandemia, por ejemplo 2019, las diferencias se mantienen. Y es que hace cinco años se llevaron a cabo 2.388 órdenes de servicio, un 33,7 por ciento menos que en 2023.

- Foto: Elaboración propia.

Esta tendencia alcista se da igualmente, como es de esperar, en el número de actuaciones que conllevan cada uno de estos expedientes de inspección. Y es que los 3.192 del pasado ejercicio llevaron aparejados 7.112 actuaciones, un 21% más que doce meses atrás, cuando se quedaron en las 5.883, y un 44,4% por encima de las 4.925 de hace cinco años.

La ejecución de estas órdenes de servicio han supuesto que en 2023 se hayan investigado a 3.134 empresas y 58  trabajadores. Cifras que superan con creces las 2.299 del año anterior y las 2.353 de cinco años atrás.

Refuerzo de plantilla. Un mayor esfuerzo de vigilancia y prevención que, tal y como detalla a La Tribuna la jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cuenca, Esther Fernández, ha venido acompañado de un importante refuerzo de la plantilla.

Sede de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cuenca - Foto: Miguel A. Ramón

No en vano,  según subraya, la actual nada tiene que ver con la de hace cinco años, cuando ni siquiera se contaba con el cuerpo de subinspectores de seguridad y salud laboral.
De hecho, en 2020 llegó el primero de esos subinspectores y en este 2023 se han incorporado otros tres para alcanzar los cuatro actuales. A ellos se suman cinco subinspectores de empleo y seguridad social y seis inspectores de trabajo y seguridad social, uno de ellos la propia jefa de la unidad provincial. 

No es de extrañar, en consecuencia, que Fernández asevere que «con esta mayor plantilla, se puede gestionar y organizar mejor las actuaciones y llegar a más empresas». Algo que, a tenor de las cifras de actividad arrojadas en los últimos años por esta unidad, se viene constatando, con especial énfasis en el área de la seguridad y salud laboral.

Y es que seis de cada diez actuaciones realizadas el pasado año por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cuenca, 4.213, correspondieron a seguridad y salud laboral. Le siguieron las relativas a la Seguridad Social, con 2.026 (28,5%); relaciones laborales, con 658 (9,2%); otras actuaciones, con 132 (1,9%); y, en último lugar, empleo y extranjeros, con 87 (1,2%).

- Foto: Elaboración propia

Distribución que proporcionalmente no dista mucho de las actuaciones llevadas a cabo a lo largo de 2022, más allá de la diferencia en términos absolutos. 
Una parte importante de las visitas realizadas a empresas han tenido como motivo la seguridad y salud laboral, con especial incidencia en el sector de la construcción, puesto que, según la jefa de la Unidad Provincial, su actividad en los dos últimos años ha repuntado y son bastantes las obras en construcción, tanto en la capital como en la provincia.

En concreto, la Unidad Provincial cerró el pasado ejercicio con un total de 672 visitas a empresas con este cometido, un número similar al registrado en el año anterior, cuando se elevaron a 671.

Eso sí, en ambos, la empresas de construcción se llevaron la palma, puesto que recibieron casi la mitad del total de visitas; en 2023, concretamente, ascendieron a 305. Le siguieron el sector industrial, con 139; servicios, con 75; comercio, con 67; hostelería, con 41; agricultura, con 27; otros sectores, con 13; y transportes, con 5. Acciones con las que, en palabras de Fernández, «se persigue reducir lo máximo posible la siniestralidad en el ámbito laboral».

Sanciones. Fruto de su competencia de vigilar y exigir el cumplimiento de la normativa vigente, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social ha incrementado en 2023 sus propuestas de sanción a empresas hasta las 438, un 51,6 por ciento más que hace un año, cuando se elevaron a 289, mientras que se sitúa a niveles similares a prepandemia, cuando en 2019 se alcanzaron un total de 414 actas de infracción.

En cuanto al importe de las propuestas de sanción varía, y mucho, de un año para otro. Así, por ejemplo, el pasado 2023 oscilaron entre los 29,11 y los 155.773,42 euros.  Cifras que nada tienen que ver con las de ejercicios anteriores, que se situaron bastante por debajo. En concreto, en 2022 las sanciones oscilaron entre los 60 y los 81.263 euros, mientras que en 2019 se enmarcaron entre los 40,82 y los 110.215,30 euros.

Más accidentes investigados. La mayor actividad de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social también se ha reflejado en la investigación de un mayor número de accidentes laborales, teniendo en cuenta que esta unidad se centra exclusivamente en en los mortales, muy graves, graves y en algunos leves; en concreto, aquellos con más de cuatro trabajadores afectados o a petición de los órganos judiciales y administrativos o por denuncia del trabajador. 

Durante el pasado ejercicio, se investigaron un total de 50 accidentes laborales, 12 más que en 2022, lo que supone un incremento del 31,6 por ciento, mientras que se iguala al nivel de prepandemia, cuando en 2019 la investigación llegó a 51 siniestros laborales.

Del medio centenar investigados el pasado ejercicio, 14 fueron leves, 30 graves, dos muy graves y cuatro mortales. En más de la mitad de estos accidentes, las víctimas fueron trabajadores de los sectores servicios, con 17, e industria, con 12. Les siguieron transportes, con siete trabajadores; construcción y agricultura, con seis;y comercio y hostelería, con uno. 

Eso sí, de ese medio centenar de accidentes laborales investigados, tan solo 17 desembocaron en una propuesta de sanción, de los cuales nueve fueron siniestros graves, siete de carácter leve y uno mortal; en concreto, el ocurrido en Mota del Cuervo por una caída desde  una altura de nueve metros, donde la Inspección «constató la falta de medidas de protección colectiva y/o individual durante la realización de los trabajos», explica Fernández. Cifra de propuestas de sanción que en 2022 se quedó en nueve de los 38 siniestros investigados.

Campañas. Pero en ese afán por reducir la siniestralidad laboral, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social también lleva a cabo a lo largo del año una serie de campañas de prevención.

Así, por ejemplo, contempla una campaña de trastornos musculoesquelético en construcción de edificios, asistencia en establecimientos residenciales, en servicios sociales sin alojamiento y en industria agroalimentaria.

Acometerá, asimismo, una campaña para prevenir la exposición a las altas temperaturas, además de actuaciones por sectores, como revisión de mediciones higiénicas, mantenimiento de cubiertas, seguridad en oficinas o en comercios tipo bazar y actuaciones preventivas derivadas del análisis de la siniestralidad.

A éstas, hay que sumar otras acciones derivadas del Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales de Castilla-La Mancha 2022-2026, como es el incremento de las visitas de comprobación del cumplimiento de requerimientos y de los accidentes leves a investigar.

Dentro de esta estrategia, también se incluye la puesta en marcha de un programa de control de la adecuación de los recursos humanos y materiales de las organizaciones preventivas, con especial atención al número de trabajadores a los que se extiende su actividad, así como a la actividad formativa desarrollada; sin olvidar, un programa específico de actuación sobre la protección de las personas trabajadoras autónomas y otro de control de la acción preventiva a realizar por las empresas que contratan a autónomos para la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo.