A punto están de cumplirse seis años de la obligatoriedad del registro horario de la jornada laboral de los empleados en los centros de trabajo, con la entrada en vigor de la ley 8/2019.

Una normativa nacida en mayo de 2019 para dar respuesta a las denuncias de contrataciones a tiempo parcial que, en verdad, ocultaban jornadas completas, los incumplimientos de horarios y la realización de horas extra no remuneradas ni cotizadas.

En este tiempo, la Inspección Provincial de Trabajo de Cuenca viene velando por el cumplimiento de las exigencias de esta ley, que pasan, según explica a La Tribuna su responsable, Esther Fernández, por que el empresario ponga a disposición de sus empleados en el centro de trabajo un registro de horario, en el que pongan a diario el horario de inicio y finalización de jornada.

- Foto: Elaboración propia

Para ello, este organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha llevado a cabo en estos casi seis años cerca de un millar de inspecciones (953) en empresas de la provincia en esta materia, fruto, la gran mayoría, de las campañas específicas emprendidas por la propia Inspección, aunque, según precisa Fernández, también pueden responder, eso sí, en menor medida, a una denuncia previa o una solicitud de alguna otra entidad.

El mayor volumen de inspecciones se llevaron a cabo en la entrada en vigor de la medida, es decir, en 2019, con 247 actuaciones, a pesar de que solo disponían de poco menos de siete meses, al haberse puesto en marcha a mediados de mayo.

El pasado 2023 fue el segundo ejercicio con mayor volumen de inspecciones, con 242, seguido de 2024, con 168; 2021, con 108; 2020, con 102; y, en último lugar, 2022, con 86. La razón de la menor actividad inspectora de estos tres años no fue otra que la reducción de la plantilla, puesto que, tal y como apunta, de 2020 a 2022 se contaba con una decena de trabajadores, mientras que en 2019 eran 14 y a partir de 2023, 16.

- Foto: Elaboración propia.

En las 953 actuaciones ejecutadas, los inspectores y subinspectores han detectado 171 infracciones relativas al registro de jornada laboral, en su mayoría por la no implantación de este sistema, aunque también por la no disposición del registro en el propio centro de trabajo. 

La pandemia marcó un antes y un después, en palabras de la inspectora jefe, puesto que, tras registrar anualmente en torno a 22 infracciones entre 2020 y 2022, en los dos últimos ejercicios se ha experimentado un incremento considerable, hasta las 50 en 2023 y las 41 en 2024, «quizá por cierta relajación o exceso de confianza, tanto de empresarios como trabajadores», después del golpe que supuso el coronavirus en nuestra sociedad.

No obstante, en la actualidad, denota una mayor concienciación y pone como ejemplo el hecho de que «en lo que llevamos de año, sólo se ha detectado una infracción».

Sanciones. La ausencia del registro horario, en palabras de la jefa de la Inspección, se considera una infracción de carácter grave y lleva consigo una sanción económica, que al principio podía oscilar entre los 625 y los 6.250 euros, pero que, a partir de 2021, se incrementó a la horquilla de 751-7.500 euros. 

En consecuencia, las 171 infracciones detectadas han llevado aparejadas casi 275.000 euros en multas; en concreto, 274.718, de los que casi 60.000 euros correspondieron al ejercicio 2023, seguido de los casi 58.000 del pasado 2024, los algo más de 51.000 de 2021, los cerca de 43.700 de 2019, los 37.800 de 2022 y los 25.168 del año de la pandemia.

Pero no solo se han detectado infracciones graves, sino que también se han localizado algunas deficiencias, como el hecho de que falten algunos días por rellenar, por lo que se les ha requerido la subsanación del problema.

Requerimientos que en este tiempo han alcanzado la cifra de 311, de los que la mayor concentración, con 73, se produjo en 2023. Le siguieron 2020, con 71; 2024, con 49; 2019, con 46; 2021, con 41; y, en último lugar, 2022, con tan solo 31.