Se entiende la ira popular contra la caravana oficial desplazada a Paiporta el domingo pasado. Y me parece una mezquindad de Sánchez endosársela al activismo de la ultraderecha. En cambio, los reyes de España aplicaron el famoso grito de Gabriel Celaya, cuya actualización maldeciría el relato de "quien no toma partido hasta mancharse". De eso tenemos prueba visual en las ropas que ese día vestían don Felipe y doña Letizia.
Se entiende y se justifica la ira. Lógica y previsible, como expresión del desamparo de los damnificados por la pésima gestión de los poderes públicos de una avalancha de barro evitable, según todos los expertos, a partir de una señal de alarma que sonó en los móviles cuando la gente ya estaba con el agua al cuello. Y, dicho sea de paso, sería terrible que se confirmase la denuncia del presidente valenciano, Carlos Mazón, de que el Gobierno desactivó tres veces la alerta hidrológica.
La Moncloa jugó a visibilizar la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma a la espera de que ésta solicitara recursos gubernamentales. En su primera salida, ya consumada la tragedia, Sánchez hizo pública la ecuación: la Comunidad coordina y el Gobierno echa una mano (apoyo, no sustitución) con los recursos que se demanden.
A Carlos Mazón no le importó. En su mano estaba subir el nivel de alerta (de 2 a 3) en la escala de Protección Civil. Hubiera puesto la coordinación de la respuesta en manos del Ministerio del Interior. Pero Mazón no lo hizo formalmente, aunque quiso fotografiarse junto al ministro Marlaska para escenificar la cooperación entre las dos administraciones.
La otra posibilidad era que el Gobierno hubiera decidido unilateralmente aplicar el artículo 116 de la Constitución y declarar el estado de alarma, con comunicación inmediata al Congreso de los Diputados. Hubiera supuesto la centralización de la respuesta en el Gobierno de la Nación con decreto que autorizase el uso de todos los recursos del Estado y la limitación temporal de ciertos derechos fundamentales. El propio Rey lo sugirió al reclamar "la presencia del Estado en toda su plenitud". Tampoco se tomó esa decisión porque hubiera impedido poner en evidencia a una Comunidad gobernada por el PP. Aquí las razones de rentabilidad política se camuflaron con la mal traída excusa de evitar un "choque institucional".
Esa era la trampa, mientras decenas de miles de españoles sufrían la frustración por el desamparo y la descoordinación que se hicieron evidentes desde que la riada pilló desprevenida a la población civil, cuando la tromba de agua que se le vino encima el pasado martes por la tarde.
Se trataba, en fin, de mostrar a la opinión pública el descrédito de una administración territorial gobernada por el partido de Núñez Feijóo, que es quien representa la alternativa a Sánchez en la presidencia del Gobierno. Maldita reyerta partidista y maldita politización.